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Este miércoles fueron recibidos por la Comisión de Derechos y Garantías miembros del Movimiento Nacional Campesino Indígena de Mendoza, después de que policías a pedido de la empresa española Argenceres -que intenta expandir en Mendoza su negocio vitivinícola y olivícola- balearan a Pablo Sarmiento, miembro de a organización.

Pobladores del Centro Poblado San Francisco en Moquegua consumen agua potable con metales pesados en niveles superiores a los límites máximos permisibles, según informe de la Dirección Regional de Salud.

Organizaciones de la sociedad civil solicitan a la Ministra Tejerina la prohibición inmediata del maíz propiedad de Monsanto ante el peligro de contaminación genética con su ancestro silvestre, el teosinte, una especie invasora.

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra vem à público repudiar o projeto de lei enviado pelo Poder Executivo que tipifica o crime de terrorismo.

En su artículo Lovera explica que en los últimos 20 años esta actividad económica vive un salto productivo debido a la demanda internacional, pasando de 27 mil a 211 mil toneladas de carne exportadas en 15 años.

Lo cuestionan Indígenas, ecologistas, mujeres, y campesinos. El protocolo de Nagoya (PN), dice buscar el acceso justo y equitativo a los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos. Hacia el final de 2010, el PN fue adoptado para implementar parte del Convenio de Diversidad Biológica (CDB) de las Naciones Unidas. Sin embargo una gran mayoría de comunidades indígenas y campesinas desconocen su contenido y alcance, mientras organizaciones ecologistas y agrícolas se oponen a sus planteamientos.

Lxs ejidatarixs de Candelaria, comunidad directemente afectada por ese megaproyecto comunicó este 17 de febrero, en el marco de la visita del Papa, su rechazo integral al proyecto Mesoamérica, a la construcción de esta autopista, y por la defensa de su tierra, semillas nativas.

La publicación francesa “60 millones de consumidores” señala en su edición de marzo la presencia de residuos “potencialmente” tóxicos -dioxinas, glifosatos y otros pesticidas- en los tampones y otras protecciones íntimas femeninas, y llama a los poderes públicos a aplicar controles más rigurosos.