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20 días detenidos por una justicia corrupta, sucia y socia del agronegocio. Ayer miércoles pasadas las 20hs liberamos a Julio y Pedro Coria. Julio y Pedro Coria, compañeros de la Comunidad Indígena Sacha Sumaj del Pueblo Originario Lule Vilela, permanecían detenidos desde el 5 de Julio.

"Frente a este modelo, surge la pregunta: en qué medida la agroecología puede ofrecer soluciones viables; y si se trataría de soluciones parciales o marginales, o si tiene la capacidad de solucionar el hambre."

Del 5 al 11 de agosto Bogotá será sede de la Jornada Internacional de lucha, debate y construcción a favor de la Soberanía Alimentaria, este espacio será inaugurado con la Asamblea Constitutiva de la Alianza para la Soberanía Alimentaria de los Pueblos de América Latina y el Caribe, antes llamado Comité Internacional de Planificación por la Soberanía Alimentaria, CIP.

Mientras en la comuna de Curarrehue denuncian que las comunidades no han sido consultadas en la instalación y ampliación de estos centros de cultivo de salmones, en la zona de Lago Ranco acusan que existe un bloqueo de información y recuerdan que ya en años anteriores las organizaciones locales bloquearon la instalación de estas jaulas salmoneras.

Entrevista a PhD. William Sacher, Ingeniero en Hidrología, coautor de los libros: La minería a gran escala en Ecuador. Negro Canadá. Y autor de la investigación: Cianuro, la cara tóxica del oro, para el OCMAL.

Sucedió lo que veníamos anunciando desde la expropiación parcial de YPF, situación ésta que oportunamente saludamos, pero en la que advertíamos se parecía privilegiar una asociación para la dependencia con la Chevron.

El constante hostigamiento y el intento de división contra los comuneros de Tepoztlán por parte del gobierno de Morelos –que pretende ampliar la carretera La Pera- Cuautla, sobre territorios comunales-, es respondido con la detención de trabajadores de la empresa constructora que talan ilegalmente los árboles de la zona.

La Subsecretaría de Agricultura de la Nación generó un relevamiento que señala que 9,3 millones de hectáreas de campesinos e indígenas son pretendidas por el sector privado o estatal. En la mitad de los casos los propietarios sufrieron violencia.