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Los senadores de la República han eludido su responsabilidad de impedir la siembra de maíz transgénico en nuestro país y evitar con ello la contaminación del maíz mexicano, grano básico para la alimentación de la población del país, denunció Greenpeace.

En conferencia de prensa, con la participación de #YoSoy132 Ambiental, Jóvenes ante el Desastre y la Emergencia Nacional y la Red en Defensa del Maíz, la doctora en filosofía Vandana Shiva estableció los mecanismos que Monsanto utiliza para imponer a gobiernos y campesinos el uso de las semillas transgénicas.

La Asamblea de Bariloche contra la megaminería quiere alertar a la comunidad de Río Negro que desde la derogación de la Ley 3981 anti cianuro, el gobierno siguió avanzando en políticas direccionadas al sector minero.

252 ciudades protestarán el 25 de mayo a las 14:00 contra Monsanto. La extensión geográfica de la protesta refleja una preocupación generalizada del campo y los consumidores ante las prácticas de la trasnacional: monopolio de semillas, costo de agroquímicos, repercusión ambiental, la falta de un etiquetado claro en los productos –que se especifique el uso o no de transgénicos– y las consecuencias en la salud humana.

La medida será este viernes y fue consensuada el pasado jueves en una asamblea intersectorial realizada en la ruta provincial 17. Exigen la restitución y reparación inmediata de los daños. La aplicación efectiva de la Ley de Arraigo y Colonización y el respeto de los Derechos Humanos de todas estas familias.

Con riesgo para el centro de origen del maíz, se estima que alrededor de 2 millones de toneladas de grano transgénico han entrado a México durante los dos años recientes desde Sudáfrica y se acaba de autorizar la importación de 150 mil toneladas, señaló el Grupo ETC. Con este hecho, los gobiernos de ambos países promueven la contaminación de las variedades campesinas, amenazando biodiversidad y soberanía alimentaria.

“No puede existir un modelo agroalimentario sostenible social y medioambientalmente si no cambiamos el marco general, ya que el capitalismo antepone los intereses individuales de unos pocos a los intereses colectivos”, dice en la entrevista Esther Vivas, investigadora en políticas agrícolas y alimentarias.

Desde su primer artículo, el proyecto de ordenanza enviado por el poder ejecutivo al Consejo Deliberante para que modificar la ordenanza 18.740 sobre control de fumigaciones, no puede entenderse sino como una burla a toda la población de este Partido.