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Los usuarios del transporte público en Celaya enfrentarán un aumento de tarifa a partir del 17 de septiembre, generando controversia en la ciudadanía

El gobierno de Salvador Allende concluyó el proceso de la primera y única reforma agraria del Cono Sur, que puso 10 millones de hectáreas en manos del campesinado organizado en sindicatos comunales. El golpe militar de Augusto Pinochet, con respaldo terrateniente, respondió con una sanguinaria contrarreforma que concentró la tierra, privatizó el agua e instaló el monocultivo forestal.

Desde hace más de 30 años los Pueblos Indígenas y comunidades campesinas del Ecuador han luchado contra la contaminación y despojo territorial producto de la explotación petrolera en la Amazonía ecuatoriana, que derivó en graves violaciones a los derechos de los pueblos y sus derechos humanos. La transnacional TEXACO, hoy CHEVRON, es la responsable directa, y se niega a cumplir con las decisiones de la justicia, generando uno de los casos de impunidad corporativa más condenables de nuestro tiempo.

El gobierno de La Rioja avanza con una reforma de la Constitución provincial sobre artículos referidos al agua y la energía, en medio de un proceso de provincialización de la explotación del litio. Vecinos y vecinas conformaron una Asamblea Constituyente de los Pueblos Riojanos y denuncian la contaminación en la salina El Leoncito y la “privatización” del agua con la empresa israelí Mekorot.

Ciudad de México | Desinformémonos. La comunidad de Santa María Ostula, Michoacán, se movilizó para impedir el cumplimiento de la orden de desalojo de la encargatura costera de Xayakalan y logró que el Tribunal Unitario Agrario dejara sin efectos la diligencia de ejecución.

El libro “Experiencias de reforma agraria en el mundo” (Batalla de Ideas, 2020) coordinado por Joao Pedro Stédile, del Movimiento Sin Tierra de Brasil, ofrece conceptos para conocer experiencias de democratización de la tierra en diferentes países. La publicación brinda análisis y datos concretos para pensar el tabú de la reforma agraria en nuestro país.

Este artículo reflexiona sobre la función instrumental de los mecanismos de certificación de créditos de carbono en el marco de la economía verde, así como sobre los intereses y contradicciones que son intrínsecos al proceso de certificación.

En la ‘economía verde’ se entrecruzan intereses de corporaciones, de gobiernos y de la ‘industria de la conservación’. Todos, de alguna forma, lucran con la destrucción de los bosques y el despojo de las comunidades. En Pará hay cada vez más proyectos REDD, mientras que el gobierno estatal busca implementar REDD jurisdiccional en todo el territorio.