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El pasado 29 de junio, el Juzgado de Letras de Tegucigalpa dictó sentencia a favor de cientos de familias que integran el Movimiento Auténtico Reivindicador del Aguán (MARCA), restituyéndoles el derecho de propiedad sobre casi 1,800 hectáreas de tierra que venían reclamando desde hace 18 años.

"Sem reduzir este consumo excessivo e planejar o crescimento econômico em prol dos necessitados não há solução para a crise social e ambiental. Sem compartilhar a riqueza, o saber e o poder a humanidade não sobreviverá. Só uma nova consciência e um novo paradigma de desenvolvimento podem responder a este desafio."

Desde el OPSur nos solidarizamos y apoyamos el acampe en rechazo a la exploración y explotación de yacimientos no convencionales que se realizó el 6 de julio, en la ciudad de Neuquén, convocado por la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua.

"En la costa norte de Honduras se encuentran localizados una cadena de humedales, donde habitamos los pueblos Miskito y Garífuna. Una de las mayores problemáticas que en un futuro cercano incidirá en los humedales, es la construcción de múltiples represas hidroeléctricas a lo largo de todo el litoral caribeño."

O governo do Amazonas regulamentou a licença ambiental para o garimpo, liberando o uso de mercúrio na separação do ouro de outros materiais. A utilização do metal é polêmica, porque polui rios e contamina peixes e seres humanos, podendo provocar intoxicação e lesões no sistema nervoso.

"El informe Fish Dependence - El Día de Dependencia de Pescado - revela como los países de la UE están importando pescado y exportando la sobrepesca. Europa consume mucho más de lo que sus aguas pueden producir."

"El número de corporaciones, gobiernos, e instituciones financieras públicas y privadas que se involucran en adquisiciones de tierra en gran escala en el Sur global está creciendo rápidamente. Esto amenaza los modos de vida y sustento, y la soberanía alimentaria de incontables comunidades locales."

El máximo tribunal dispuso que debe hacerse un inventario de glaciares también en San Juan, donde la aplicación de la ley había quedado suspendida por una demanda de la Barrick Gold, el sindicato de mineros y el gobierno provincial.