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En Ecuador, el oleoducto de crudo pesado OCP, construido con financiación alemana, se ha vuelto a romper. Según el ministro de energía, 6.000 barriles de crudo se han derramado en la selva. Los pueblos indígenas se quejan de la contaminación generalizada de los ríos de la región amazónica. Salva la Selva pide al gobierno de Alemania que no apoye los proyectos petroleros.

Luta popular barrou a emenda que pretendia legalizar um milhão de hectares de terras públicas no estado de São Paulo, mas os trabalhadores devem seguir mobilizados.

Desde hace dos semanas, pobladores de cuatro comunidades en la provincia cusqueña de Chumbivilcas mantienen bloqueado un sector del corredor minero sur, en protesta contra la empresa minera Las Bambas. Las comunidades, que rechazan el impacto de los transportadores de minerales, piden ser declaradas zonas de influencia directa y la nulidad de la resolución que recategoriza la vía comunal en nacional. La empresa, en respuesta, anunció que, de continuar el bloqueo de carretera, podría suspender nuevamente sus operaciones el 20 de febrero. ¿Podrá el gobierno apaciguar el conflicto?

Recorde na liberação de agrotóxicos nos últimos anos acompanha incidência de flexibilizações ambientais, escalada de conflitos no campo e afeta comunidades inteiras no Cerrado.

La recurrencia del fuego en el monte y la escasa respuesta estatal para evitarlo generó que grupos autoconvocados de habitantes se organizaran para combatirlos. La experiencia de la autogestión para proteger el monte.

El gobernador Rodolfo Suárez entregó por decreto 12.351 hectáreas a un grupo empresario. Se trata de tierras fiscales que incluyen glaciares, humedales altoandinos, nacientes de ríos y arroyos y vertientes termales. La empresa beneficiada, El Azufre Sociedad Anónima, fue creada hace cuatro años y tiene un capital accionario de solo 100.000 pesos.

Los datos del INPE confirman una tendencia creciente de devastación observada desde el inicio del gobierno Bolsonaro.

El acuerdo presidencial que blinda los proyectos y obras del gobierno federal fomenta la «utilidad privada y despojo público», así como representa «una sentencia de muerte a las comunidades y territorios afectados» por los megaproyectos, aseguraron organizaciones indígenas y campesinas, colectivos y activistas.