Argentina

En su último discurso de Apertura de Sesiones Legislativas, la Presidente Cristina Fernández obvió la problemática ambiental de un modo contundente. Pero más allá de la responsabilidad del gobierno, tampoco la oposición política mayoritaria se preocupa por cuestionar el modelo extractivista. Más bien, el consenso de fondo entre los partidos políticos nacionales incluye el sostenimiento del agronegocio sojero, la megaminería, el fracking y la energía nuclear, entre otros puntos.

Técnicos y organizaciones sociales habían advertido el impacto del desmonte y la avanzada inmobiliaria.

La comunidad qom de Félix Díaz se reunió con representantes del gobierno provincial para coordinar obras de infraestructura. Recibieron carpetas técnicas con información acerca de las obras y dos días después anunciaron el levantamiento.

La lucha indiscriminada contra los cultivos de uso ilícito cobra la vida de una nueva víctima. Se trata del joven campesino Jader Andrés Paternina Saez quien fue rociado con el veneno mortal del glifosato mientras se desempeñaba como labriego en la vereda La Mulata, corregimiento de San Juan, perteneciente al municipio de Puerto Libertador en el departamento de Córdoba.

"Hoy los miembros de la comunidad siguen viviendo en el territorio comunitario, que está afectado por diez pozos convencionales y no tienen acceso al agua ni a servicios básicos. Apache nunca saneó lo que contaminó en ese territorio y nunca reconoció el nefasto impacto cultural y ambiental de su actividad en la comunidad, inclusive sobre los niños."

Mientras algunos especialistas afirman que el modelo productivo argentino ha traído cosecha e ingresos récord, otros sostienen que tiene efectos adversos en el medio ambiente y va en desmedro de productores y empresas nacionales.

Miriam Samudio, delegada de Productores Independientes de Puerto Piray (PIP), de paso por Buenos Aires por razones de salud de su hijo adolescente, cuenta cómo es convivir a diario con la contaminación por agrotóxicos que provoca con total impunidad, la empresa Alto Paraná, con las plantaciones de pinos.

Lo resolvió el 19 de febrero pasado el Juez Federal Pablo Sero, por el delito penal de “Entorpecimiento del normal funcionamiento del Transporte Terrestre”. Se trata de Horacio Miguel De Carli, Facundo Scattone Moulins, Bernardo Zalisñak, Francisco Domingo Larocca y Cesar Arístides Pibernus que en agosto pasado ayudaron a desviar a la banquina, en Concordia, a cuatro camiones que transportaban equipos para exploración sísmica con el objetivo de localizar yacimientos de petróleo bajo el Acuífero Guaraní en la zona de Salto y Piedra Sola de la República Oriental del Uruguay.