Chile

En esta columna, Pablo Madrid, investigador de Fundación Terram cuestiona el proceso de asignación de los Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL), debido a su falta de transparencia, ausencia de participación ciudadana y escasa consideración de variables ambientales. El autor alerta sobre la implementación de mecanismos que privilegian a grandes actores privados y marginan tanto a las comunidades locales como a la ciencia.

En el valioso registro, que hoy toma especial relevancia en medio del misterio que rodea su desaparición, Julia Chuñil expresó su felicidad por ser una "mujer luchadora" y por poder asistir al "trafkintu", una ceremonia mapuche de intercambio de semillas y saberes.

El interés empresarial que existe en el Biobío por desarrollar la minería de tierras raras se enmarca en un contexto geopolítico en donde las llamadas «potencias» buscan asegurar sus suministros. En este trabajo, los autores caracterizan el escenario en donde Chile vive una presionada tramitación ambiental que busca ser beneficiosa para el bolsillo de empresas mineras.

Más de 80 instalaciones irregulares en la Laguna Chica de San Pedro de la Paz fueron identificadas por la Delegación Presidencial Regional del Biobío. Mientras su acceso estuvo parcialmente restringido durante el verano de 2025 por reparaciones en el balneario municipal, las instalaciones de clubes deportivos, entidades estatales y sectores de alto poder adquisitivo siguen sin ser regularizadas.

Junto a Pablo San Martín Chuñil, hijo mayor de la dirigenta mapuche, el espacio virtual Día a Día por Julia Chuñil convoca a una conferencia de prensa el 8 de Abril a las 11.30 horas en la sede del comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPU, (Paseo Bulnes 188, oficina 62).

El presente documento sobre Transición Justa y Democratización Energética en Chile se realizó en el marco del proyecto sobre “Democratización de la Energía y Transición Justa en América Latina y Caribe”, coordinado por la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA), Amigos de la Tierra América Latina y Caribe (ATALC) y REDES AT Uruguay, con el apoyo del Sage Fund.

El aumento de casos de amedrentamientos de empresas a activistas medioambientales en nuestro país ha ido de la mano con mayores demandas en tribunales. “En mi caso me trataron de anular”, cuenta el defensor Rodrigo de la O. Fuente.

En medio de la discusión del proyecto de fraccionamiento –cuya lenta tramitación en la Comisión de Hacienda del Senado motivó violentas protestas de la pesca artesanal–, reflotó un desconocido episodio en la OROP-PS, donde el sector industrial se habría opuesto al crecimiento de actividad pesquera.