Colombia

El 24 de noviembre se cumplieron 4 años desde el día en que el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) firmaron un Acuerdo para dar al fin al conflicto armado más antiguo de América Latina. La esperanza que ese evento suscitó en el pueblo colombiano y en el mundo entero se ha desvanecido con el trascurrir de estos años. El escenario del posacuerdo se ha caracterizado no sólo por el descarado incumplimiento del Estado frente a los compromisos asumidos en La Habana sino también, y principalmente, por un amargo recrudecimiento de la violencia a nivel nacional, la cual sufren principalmente las comunidades rurales que habitan en los rincones olvidados del país.

Los Territorios Campesinos Agroalimentarios -TECAM-  son figuras territoriales orientadas dentro de los Planes de Vida de las organizaciones y comunidades campesinas. Son el resultado de procesos organizativos, sociales, políticos y culturales; así como de la movilización nacional. Se caracterizan por su  identidad campesina y sus actividades de producción agrícola, pecuaria, entre otras.

La Unidad de Restitución de Tierras comunicó las pretensiones de ocho demandas que presentará ante la Justicia, con la intención de recuperar más de 159 mil hectáreas de territorios ancestrales de comunidades étnicas en el Darién chocoano y en el Urabá al noroccidente de Colombia.

Durante los días 6 y 7 de noviembre del 2020 se reunieron las organizaciones del Nodo Sur de la ANZORC (AMCOP, ACOMFLOPAD, COOMBUVIPAC, ASOCIACION PORTALES DEL FRAGUA, ASMTRACURC, ASIMTRACAMPIC, ADISPA y ATCAL) en el municipio de Rivera Huila, con el propósito de discutir la realidad social, política, organizativa y de seguridad en nuestros territorios donde el campesinado como sujeto político y de derecho viene siendo vulnerado, estigmatizado y desconocido por el Estado Colombiano. 

Cerca de cumplirse un aniversario más de la firma del Acuerdo de Paz entre las FARC y el Estado Colombiano, las cifras de asesinatos, persecución a lideresas y líderes sociales en Colombia son alarmantes, incluso en medio de la pandemia del COVID 19 que enfrenta el mundo, estas acciones de guerra no paran.

La Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria – FENSUAGRO denuncia ante la comunidad Nacional e Internacional, la grave situación de derechos humanos contra nuestra organización.

Colombia sigue afrontando las consecuencias de la pandemia en medio de una crisis política sin precedentes. El gobierno nacional avanza en sus políticas que vulneran los derechos fundamentales de la ciudadanía, vulnerando el bienestar y la vida misma de las comunidades rurales y populares del país. En lo corrido del año se ha profundizado la violencia por el control de territorios estratégicos, registrándose más de 61 masacres en Colombia, que en su mayoría siguen en la impunidad.

Según la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES, por sus siglas en inglés), se ha perdido aproximadamente la mitad de la cubierta viva en los arrecifes de coral desde 1870, y se aceleró la pérdida en los últimos decenios, debido la crisis climática; la razón principal: tanto el uso de combustibles fósiles como la ampliación de los límites de su búsqueda, que incluyen la inmensidad marina. De acuerdo al mismo reporte, la explotación de petróleo y gas costa afuera se ha ampliado desde 1981 a cerca de 6.500 instalaciones en 53 países (60 % en el Golfo de México en 2003) y probablemente se ampliará a las regiones ártica y antártica a medida que se vaya derritiendo el hielo. Esta destructiva saga de explotación se materializó en el Caribe colombiano en 1972, cuando la Texas Petroleum Company (hoy Chevron Texaco), descubre el campo Chuchupa a 26 kilómetros de la costa de Riohacha, que sería el puntal de la ampliación de la frontera extractiva que, en los últimos años, ha avanzado de manera vertiginosa.