Costa Rica

Vergüenza, dolor y rabia provoca el reciente decreto del Poder Ejecutivo que autoriza la tala rasa de 262 hectáreas de bosque incluyendo áreas de protección de quebradas, ríos y especies que estén vedadas como el almendro amarillo, para construir una mina que explote oro, plata y otros metales, mediante lixiviación con cianuro, en Crucitas de Cutris, San Carlos, Costa Rica; a solo 3 kilómetros del río San Juan.

El próximo martes 14 de octubre una delegación de las comunidades indígenas bribri de Talamanca visitarán la Asamblea Legislativa para exigir a los diputados que cumplan con el Convenio 169 de la OIT y la orden de la Sala Constitucional y realicen la consulta a las comunidades indígenas de todo el país del proyecto "escoba" de la agenda de implementación del TLC (Exp. 16.955).

Sin duda, el señor José Joaquín Salazar, diputado del PAC quien preside la Comisión de Asuntos Agropecuarios en la Asamblea Legislativa tiene razón al decir que la reforma a la ley de semillas es necesaria. Es un texto anacrónico y necesita adaptarse a las necesidades actuales, sobre todo en miras a fortalecer al país ante las eventuales crisis alimentarias que seguirán sucediéndose, paralelas al cambio climático y la crisis de los hidrocarburos. Esto con TLC o sin él, y otros acuerdos que también van comprometiendo poco a poco nuestra soberanía alimentaria.

En vistas de una irregualridad que dejaron pasar los diputados de las fracciones de derecha en la Asamblea Legislativa, se logró que se declarara inconstitucional una de las leyes necesarias para la aprobación del nefasto Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, pues existe (existía) un inciso en la Carta Magna costarricense, apegado al Convenio N° 169 de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales en países Independientes, que cita en el Artículo 6 en el primer párrafo, punto a).

Con mayoría simple (29 votos) los diputados de las fracciones del PUSC y PLN lograron la aprobación del informe según el cual se evade la consulta a las comunidades indígenas, como sí lo exige el convenio 169 de la OIT y tal como lo solicitó la Sala IV en resolución de una consulta constitucional del proyecto "escoba", que forma parte de la agenda de implementación del tratado de libre comercio con Estados Unidos.

Nos dice doña Amparo, que el objeto de los cambios en la Ley de Biodiversidad incluidos en el último proyecto de la agenda de implementación del TLC con Estados Unidos, fue para "hacer compatible dicha ley, con los compromisos del país en la OMC, en materia de propiedad intelectual y por tanto del TLC".

Líderes de los pueblos indígenas Ngöbe y Huetar, de Costa Rica, exigieron hoy que se les consulte sobre una reforma a las leyes de biodiversidad, incluido en un paquete para la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.

El Partido Frente Amplio anunció que defenderá como única forma de cumplir, de manera correcta y legal, con la sentencia de la Sala Constitucional sobre la Ley de Propiedad Intelectual es realizar la consulta a los pueblos indígenas en los términos establecidos en el Convenio 169 de la OIT