Honduras

El juicio de las personas defensoras de los derechos ambientales Christopher Castillo, Jeffry Suazo, Michael Aguilar, Víctor Hernández, Patricia Godoy, María Valladares y Fernando Hernández está previsto para el 27 de abril de 2021 ante la Corte Suprema de Justicia en Barrio la Granja, Tegucigalpa. Las y los defensores de los derechos ambientales han permanecido bajo arresto domiciliario desde que fueron detenidos por la fuerza el 29 de marzo de 2021. Las y los siete defensores están acusados de "desplazamiento forzado", que conlleva una posible condena de tres a nueve años de prisión.

En la zona caribeña de Honduras se encuentra la Reserva de Biosfera de Río Plátano, una región de 832 340 hectáreas con abundantes bosques verdes, ríos, lagunas y gran variedad de fauna silvestre. Por su riqueza natural, en 1981 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la declaró Patrimonio de la Humanidad, e incluso participó para ser considerada como una de las Siete Maravillas naturales del planeta.

El 3 de marzo fueron detenidas las integrantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) Marianela Mejía Solórzano y su hermana Jennifer. Ambas son parte de los 32 miembros de Ofraneh sobre los que pesan órdenes de captura, acusados por supuestas “usurpaciones” de tierras a la empresa de Bienes y Raíces Juca SRL que quieren desarrollar proyectos inmobiliarios sobre territorios ancestrales.

El presidente ejecutivo de la empresa DESA, Roberto David Castillo, fue detenido en 2018 como presunto autor intelectual del asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores. La Sala I del Tribunal de Sentencia Nacional de Honduras indicó que habrá un juicio oral y público contra Castillo que se iniciará el 6 de abril y se alargará hasta el 30 de ese mismo mes.

Un grupo de organizaciones defensoras de los derechos humanos denunció este viernes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que los proyectos extractivos generan violencia, amenazas y el desplazamiento masivo de comunidades indígenas y negras.

Las elites hondureñas son también responsables del crimen de la luchadora de izquierda, ecologista y feminista, en marzo de 2016. Su planificación desnudó las oscuras relaciones entre el poder económico y el poder político en Honduras.

Edy Tábora, abogado defensor de Marianela y Jenifer Mejía Solórzano, integrantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), denunció este domingo que en todos los casos relacionados con el tema de las tierras garífunas, el Ministerio Público, siempre está enfocado en beneficiar a las empresas.

En una noche como ésta, cinco años atrás, un 2 de marzo, madrugada del 3 de marzo, unos sicarios entraban a la casa de Berta Cáceres. Le disparaban. La asesinaban. Nos mataban con ella… o así creímos cuando a las 5 de la mañana circulaba ya la noticia. Nos mataron a Berta. ¡Nos mataron!