Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

La sangre, el dolor, la desolación y la tristeza siguen presentes en el pacífico nariñense. En hechos que deben ser materia de investigación, por lo menos 15 campesinos resultaron muertos y cerca de 50 heridos, luego de un hecho violeto contra la población civil, en zona rural de Tumaco, en el que las propias víctimas indican al Ejército Nacional como autor de esta “masacre”.

A CPT torna públicos os registros de massacres no campo, de 1985 a 2017. Esse tipo de crime sempre ocorreu no campo brasileiro, apesar de apenas alguns terem ganhado destaque no cenário nacional.

"Es el paraíso, es el edén, es… el Lago Escondido y sus costas, secuestradas por el ciudadano británico Joseph Lewis, dueño de la sexta fortuna de su país, con 14.000 hectáreas en la provincia de Río Negro -amigo y beneficiario del presidente Mauricio Macri-, donde levantó su refugio-palacio, disimulado como “orfanato”, frente al espejo de agua al que, contraviniendo la legislación argentina, no se podía llegar sin autorización de su empresa. Lo eligió para descansar cada vez que sus negocios se lo permiten; es su paraíso, sustraído a la soberanía nacional."

En el 2012, la llegada de una transnacional dedicada al cultivo de palma aceitera trastocó repentinamente el modo de vida ancestral de la comunidad shipibo-coniba Santa Clara de Uchunya. Más de cinco años después, el conflicto por las tierras aumenta y la comunidad sigue a la espera de que el Estado atienda sus demandas por proteger sus tierras.

"Expresamos nuestra preocupación ante el cada vez más grave contexto de represión y criminalización que enfrentan movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos y, particularmente, las mujeres defensoras de derechos humanos".

"Rechazamos que el Estado Chileno opte por criminalizar la defensa del territorio por parte del Pueblo Mapuche, para garantizar la implementación de megaproyectos, de carácter extractivista en territorio ancestral mapuche".

Amnistía Internacional lanza una campaña para denunciar el acoso que sufren y para reclamar a Gobiernos y multinacionales “que se les permita trabajar en un entorno más seguro”.

O documento relata ainda 15 situações de mortes anunciadas no Brasil em 2017, previamente denunciadas pelas organizações de defesa dos Direitos Humanos, e que ainda assim ocorreram como resultado da negligência, e muitas vezes da conivência com o poder público.