Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

Dirigente fala sobre impactos das mudanças na aposentadoria especialmente para os trabalhadores rurais. Alterar a idade mínima e o tempo de contribuição para a aposentadoria. Esses são alguns dos pontos da reforma da previdência promovida pelo governo de Michel Temer. A medida é polêmica pois mexe com a vida de trabalhadores da cidade e também com a dos trabalhadores rurais, principalmente das trabalhadoras rurais. Dessa forma ela vem sendo muito criticada por movimentos populares e por centrais sindicais.

“Al cumplir un año de su siembra, del crimen que quiso arrebatarnos su claridad y su liderazgo, los pueblos del mundo que reconocemos su legado estamos presentes, caminando tras sus huellas; enfrentando el sistema capitalista, patriarcal, racista colonial y racista que se impone en nuestros pueblos”

De las agresiones no resultó ningún herido ya que los campesinos lograron escapar. De acuerdo con el Frente, el acto atentó “contra el más sagrado derecho, el derecho a la vida”.

Declaración de pueblos indígenas de Honduras ante la persecución que sufren por la defensa de sus territorios y bienes comunes, lo que los ha llevado a ser criminalizados y asesinados, en la mayoría de los casos por exigir el respeto al derecho a la consulta previa.

"El CNDCCH solicitó a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la emisión de Medidas Cautelares, con la finalidad de que se resguardara la vida y la integridad física de los pobladores y las familias de la Congregación Nuevo San Andrés".

Una vez más líderes y lideresas sociales, defensores/as de derechos humanos y del medioambiente, son víctimas de la percusión judicial en el Perú.

Una amplia red de organizaciones sociales condena el asesinato de la lideresa social Ruth Alicia López Guisao, ocurrido el jueves 2 de marzo, a manos de presuntos miembros de grupos paramilitares que operarían tanto en el campo como en la ciudad.

La integrante de la Organización Fraternal Negra Garífuna Hondureña, en el contexto de la movilización global a un año del asesinato de Berta Cáceres, analiza recientes resoluciones del gobierno centroamericano para señalar que el país se encuentra bajo un régimen ilegítimo y autoritario fruto del golpe de estado de 2009.