Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

Este lunes empieza en Ginebra, Suiza, la tercera ronda de negociaciones de Naciones Unidas para la adopción de un tratado legalmente vinculante sobre transnacionales y sus violaciones a los derechos humanos.

“El nivel de hostigamiento no es algo extraño” y si bien en otros años se quemaron casas de la comunidad, “ahora las amenazas se intensificaron”. “El ingreso de Gendarmería es un indicio de que la violencia está en aumento”, sostiene Diego Di Risio.

"De las 22.322.300 hectáreas usurpadas con las matanzas de su ejército solo en la actual provincia de Chubut, el general Justo Argentino Roca impuso el reparto, en función de los rangos de cada uno de sus militares, de 4.750.741 hectáreas entre los herederos de Adolfo Alsina, su antecesor como ministro de Guerra y Marina, y de 541 oficiales y suboficiales responsables de la campaña de ocupación. Para “corregir lagunas” en el reparto, poco después se entregaron otras 2.828.317 hectáreas a 154 uniformados y algunos civiles asociados a la campaña."

Por este medio manifestamos nuestra solidaridad con las diferentes comunidades de Santa Rosa y Jalapa que desde el 2012, se han organizado para detener de forma pacífica la instalación ilegal e inconsulta del proyecto minero El Escobal, propiedad de Minera San Rafael, subsidiaria de la transnacional canadiense Tahoe Resources.

En horas de la madrugada del sábado 14 de octubre, fue asesinado el Garífuna Silvinio Zapata Martinez, líder de la comunidad de Masca, el que fue atacado por dos sujetos que utilizaron armas de fuego para perpetrar el homicidio.

Con el hashtag #DefendamosALasDefensoras, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) y 168 organizaciones de ámbito internacional, regional y local hicieron un llamado urgente para visibilizar el grave contexto de represión y criminalización que enfrentan movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos y, particularmente, las mujeres defensoras de derechos humanos.

En Tucumán, una movilización exigirá castigo por el crimen de Javier Chocobar; en Formosa, organismos de derechos humanos denuncian la detención de Agustín Santillán, mientras que distintas provincias alertan por el extractivismo creciente.

El Estado, en conjunto con empresas mineras, respondió con “omisión, represión, intimidación, amenazas, persecución, encarcelamiento y asesinatos de defensores” a lucha en defensa de la tierra y sus recursos encabezada por las comunidades en Chiapas, denunciaron habitantes de los pueblos durante el “Movimiento contra la explotación minera y el despojo de la tierra”.