Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

Al calor del sol abrazador del área sur del municipio de El Estor, Izabal, varios hombres maya Q’eqchi’ de voz firme, con botas de hule y rostros cubiertos, apelaban a la Constitución Política de la República de Guatemala para frenar a las fuerzas de seguridad del Estado que una vez más pretendían desalojarlos de sus hogares. El aparato estatal, nuevamente puso la mirada sobre la comunidad y giró la orden para que Palestina Chinebal desaparezca.

Este último 16 de octubre La Via Campesina (LVC) y sus 200 millones de campesinxs, pequeñxs y medianxs agricultorxs, trabajadorxs sin tierra, mujeres y juventudes rurales, pueblos originarios, trabajadorxs migrantes y agrícolas organizadxs de todo el mundo celebraron 25 años de lucha por la soberanía alimentaria. De Norte a Sur y de Este a Oeste, conmemoramos este aniversario con campesinxs y trabajadorxs rurales junto con amigxs, aliadxs e incontables coaliciones también dedicadas a la transformación profunda de los sistemas alimentarios y a garantizar de manera efectiva los derechos de campesinxs en todo el mundo. Apenas días después, el 19 de octubre, el Ministro de Defensa israelí Benny Gantz designó como terroristas a seis de las principales organizaciones de la sociedad civil de Palestina. 

El asalariado de la derecha Jorge Lanata, el domingo en su programa PPT anunciaba “indios al ataque” y los presentaba como “los nuevos terroristas que incendian y ponen en jaque a poblaciones enteras”. Es más, decía que reclaman la mitad de la Argentina con la complicidad de un gobierno que no se inmuta. Por supuesto, en ese informe no se presentaron pruebas de ningún tipo, ni documentales, ni testimoniales, respecto del incendio del club Piltriquitrón de El Bolsón.  

El domingo 24 de octubre, tras dos días de brutal represión por parte de Policía Nacional Civil (PNC) y el ejército contra la población Q’eqchi’ que se opone de manera pacífica a la operación ilegal de la empresa suiza rusa minera Solway, el Estado guatemalteco decretó de Estado de sitio en el municipio de El Estor, departamento de Izabal. El mismo domingo, la policía allanó las instalaciones de la Defensoría Q’eqchi’ y de la radio comunitaria Xyaab’ Tzuultaq’a, imponiendo la censura y vulnerando el derecho a la información de los medios no oficialistas.

Con la consigna “Por la tierra, por el territorio y por nuestros derechos”, se realizó el segundo Encuentro Nacional de Mujeres de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT) de Argentina. LatFem y Marcha estuvimos ahí y conversamos con Nélida Almeida, promotora de género de la organización en Misiones, sobre la resistencia campesina y las redes de cuidado feministas en los territorios.

"El evento celebrado el jueves 21 de octubre en Tocoa, Colón, contó con la participación de defensoras y defensores de los bienes comunes provenientes de Honduras, Guatemala y El Salvador, quienes analizaron la realidad que vive la ciudadanía de los países que integran el CA-4 y el impacto de la continuidad del modelo económico extractivo en un ambiente donde cada día se sienten más los efectos del cambio climático".

En Costa Rica estamos viviendo una conflictividad que va en aumento, debido a disputas territoriales y por recursos estratégicos. Según datos del Estado de la Nación, 2014 fue el año con mayor número de acciones colectivas en temática ambiental desde 1994 -año en que se empezó a llevar registro-. Durante 2014 se dieron 57 acciones; mientras en 2015 se llevaron a cabo 50, lo cual aún representa un número alto. En 2016 la cifra de acciones  colectivas por conflictos ambientales volvió a aumentar -a 51-.

A casi cuatro meses del fallo condenatorio contra el exmilitar Roberto David Castillo Mejía como coautor del delito de asesinato en contra de la defensora hondureña, Berta Isabel Cáceres Flores, integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) exigieron frente a la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa, Honduras, que se emita de manera inmediata la sentencia en el caso y así se dé acceso a la justicia a la familia de la víctima.