Crisis energética

Cada vez se están multiplicando más las voces críticas sobre la industria del hidrógeno verde en Magallanes, que haría de Chile un polo estratégico mundial de esta “energía del futuro”. Todas dicen la misma cosa: el problema no radica en la tecnología en sí, ni se trata solo de una cuestión regulatoria, lo que se cuestiona es el modelo de país que orienta las decisiones, una vez más, privilegiando el desarrollo de una industria construida con capitales extranjeros por sobre los derechos de las comunidades y los territorios.

"Este informe da inicio a una serie de mapeos que buscan visibilizar la insostenibilidad e injusticia ambiental y social de la transición energética que se impulsa actualmente en el mundo. En este informe consideramos la conflictividad de la transición energética en el continente americano. Se documentan 25 conflictos socio-ambientales en torno de la extracción de litio, cobre y grafito, tres metales y minerales estratégicos, en nueve países del continente americano".

Desde la Red de Energía y Poder Popular en América Latina proponemos una serie de debates que nos lleven a construir respuestas colectivas a las falsas soluciones frente a la crisis climática y energética, así como la promoción de alternativas posibles y procesos de articulación regional.

El Observatorio de Conflictos Socioambientales (OCSA) de nuestra Universidad Iberoamericana ha registrado durante cuatro años (2017-2020) un total de 56 megaproyectos de energías renovables que comprenden parques eólicos y fotovoltaicos, así como hidroeléctricas, de los cuales al menos 37 han detonado conflictos socioambientales (CSA). De esos 56 proyectos y obras asociadas a la generación de energía renovable, según lo reportado por la prensa y registrado por el OCSA, 18 tienen al menos una afectación ambiental, aunque un mismo proyecto puede tener más de una. Por ejemplo, la Termoeléctrica del Golfo Tamuín, en San Luis Potosí, ha provocado daños al agua, la atmósfera y al suelo; además de problemas de salud y de medios de vida.

Las oficinas en América Latina de la Fundación Rosa Luxemburgo, en conjunto con el programa regional de Clima, impulsamos desde hace varios años la Red de Energía y Poder Popular en América Latina, un espacio de articulación política e intercambio de saberes que busca profundizar en el análisis del sistema energético en la región y debatir la geopolítica de la transición corporativa retomando algunos casos clave para la comprensión de los programas impulsados desde el Norte Global. Asimismo, promovemos diálogos multisectoriales en torno a la caracterización conjunta de las políticas necesarias para el desarrollo de una transición con justicia ecosocial desde el Sur Global.

Martín Álvarez Mullally, investigador del Observatorio Petrolero Sur, conversó sobre las “oportunidades” de Vaca Muerta con El Círculo Rojo, un programa de La Izquierda Diario en Radio Con Vos, 89.9.

Rigoberto García Ochoa es investigador del Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente de El Colegio de la Frontera Norte, ubicado en Sonora, México; y desde hace más de una década se ha especializado en estudiar la pobreza energética. Con su trabajo le aportó otras dimensiones al concepto, que entiende como la falta de satisfacción de necesidades de energía en relación con “satisfactores y bienes económicos que son considerados esenciales, en un lugar y tiempo determinados, de acuerdo a las convenciones sociales y culturales”. Dialogamos con García Ochoa con el objetivo de profundizar en los debates académicos y políticos que arrastra la idea de pobreza energética, y de qué manera las aborda para el estudio de esta realidad en México y América Latina.

La transición energética es una de las grandes prioridades ante la crisis climática que nos afecta a nivel mundial. Sin embargo, la solución no se encuentra solo en proyectos de energías renovables de grandes empresas, sino también en la incorporación activa de la ciudadanía en su implementación y en la toma de decisiones. Así lo han entendido pequeñas comunidades agrícolas de Colombia que, a través de acciones a pequeña escala, buscan impulsar una transición justa y autogestionada como una alternativa real para las personas en el campo y las ciudades.