Defensa de los derechos de los pueblos y comunidades

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitirá su tan esperada Opinión Consultiva 32 (OC-32) sobre la emergencia climática y los derechos humanos, solicitada conjuntamente por los Estados de Chile y Colombia en enero de 2023.

El agua de consumo humano de 14 localidades de La Pampa está envenenada con agrotóxicos. Así lo confirman estudios oficiales. El Gobernador, Sergio Ziliotto, demora la aplicación las leyes de gestión de plaguicidas y promoción de la agroecología. El testimonio de las familias afectadas y el reclamo de las organizaciones para que se priorice la salud y dejar de ser fumigadas.

A dos años de haber tenido lugar en la provincia la movilización indígena que se opuso a la reforma constitucional inconsulta y su brutal represión, lo que fue conocido como “el jujeñazo” y que dio lugar al Tercer Malón de la Paz a Buenos Aires, varias comunidades marcharon desde La Quiaca hasta San Salvador.

Enrique Viale, advogado ambiental argentino, é o palestrante do Ciclo de estudos Direitos da Natureza e a proteção do não-humano na crise epocal desta semana no Instituto Humanitas Unisinos - IHU.

Desde la Defensoría del Pueblo, la ANPB, el CMPLP, hasta defensores de DDHH y ambientales le recordaron al Estado que está vigente el Acuerdo de Escazú que garantiza el acceso a la información y participación en materia ambiental.

A pesar de las fiscalizaciones y órdenes de la Superintendencia de Medio Ambiente para aplicar medidas correctivas, la compañía Zero Corp continúa operando causando plaga de roedores, ruidos molestos y malos olores, junto con el despliegue de una campaña de lavado de imagen corporativa en el territorio.

Vidalina Morales es presidenta de la Asociación de Desarrollo Económico Social de Santa Marta (ADES). Es una referente social y de la lucha antiminera en su país, donde el gobierno de Nayib Bukele impulsó el regreso de la minería metálica, prohibida en el país en 2017. Ser defensor ambiental en El Salvador “no es una tarea fácil”, asegura Morales en diálogo con Mongabay Latam, y apunta no sólo al poder político sino a “quienes ostentan desarrollar proyectos a como dé lugar, sin tomar en cuenta el consentimiento de las comunidades” Denuncia detenciones arbitrarias de defensores de derechos humanos y luchadores sociales.

Ecologistas en Acción, Greenpeace y el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA) cuestionan el intento, tanto del PP como de los dueños de las centrales, de vestir de interés público un mero asunto económico proponiendo una extensión de la vida útil de las centrales nucleares, cargando los costes y los riesgos sobre la ciudadanía.