Defensa de los derechos de los pueblos y comunidades

La industria petrolera busca incrementar su producción en la Amazonía y para ello apunta a operar en Áreas Naturales Protegidas (ANP) del Perú.

La Ley 20.249, conocida como Ley Lafkenche, crea los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPOs) con el fin de proteger el uso y las prácticas ancestrales de las comunidades indígenas en el borde costero. Estos espacios constituyen herramientas de conservación marina que, por ley, no restringen otros usos del mar, como la pesca artesanal, siempre que estos sean compatibles con la protección del ecosistema.

«Le quitamos la comida de la boca a un monstruo”. Así describe Enrique Che, autoridad ancestral de Río Pita, los esfuerzos de comunidades indígenas en Izabal, Guatemala, que terminaron con la cancelación de 10 licencias mineras que ponían en riesgo la principal fuente de agua de 54 poblaciones en esta región del país centroamericano.

La filial brasileña de la multinacional automovilística enfrenta a una multa de 165 millones de reales brasileños (26 millones de euros). Esto, por acusaciones de explotación laboral en régimen de esclavitud en una planta de producción agrícola durante la dictadura militar del país (1964-1985).

El único punto de reflexión será sostener una reflexión profunda en torno a la soberanía de los Estados miembros ante el despliegue de fuerzas militares extranjeras.

João Pedro Stedile, da Direção Nacional do MST, traz elementos fundamentais para que a militância e a classe trabalhadora aprofundem o debate do Plebiscito Popular em torno de dois eixos centrais: a taxação dos super-ricos e a redução da jornada de trabalho.

El 31 de diciembre de 2010, la empresa multinacional South Pole y la Asociación de Autoridades Indígenas Aticoya, en la Amazonia colombiana, firmaron un contrato que comprometía a ambas partes a proteger la selva amazónica con el objetivo de vender créditos de carbono a través de un proyecto REDD+ llamado “Proyecto de Mitigación Forestal Ticoya”. La iniciativa solo duró 13 años, porque en noviembre de 2023, la organización indígena decidió ponerle fin.

Al menos 10 palestinos murieron por hambre en la Franja de Gaza en las últimas 24 horas, incluidas dos niñas, lo cual elevó a 313 las víctimas mortales por ese motivo desde el inicio de la guerra, entre ellas 119 menores.