Defensa de los derechos de los pueblos y comunidades

"Desde la Red Mexicana de Afectad@s por la Minería, nos solidarizamos con la población de las comunidades de San José del Progreso, Magdalena Ocotlán y el resto de las comunidades afectadas por este siniestro, el cual sin duda, pone en riesgo la vida, destruye los ecosistemas y atenta contra el territorio, mostrando una vez más, la total responsabilidad que tienen las empresas extractivas, así como desnuda y evidencia la complicidad de las autoridades estatales y federales que claramente operan en contra de las comunidades y los ecosistemas".

"Habrá quienes digan que el Acuerdo es una gran oportunidad, que hay que agotar todas las instancias y usarlas; y otros dirán que más bien los que se agotan antes de perder la vida son los movimiento sociales con tanto instrumento que no ven avances, y que solo sirven para marear al perdiz".

Mendoza está en ebullición. Una de las leyes pilares de la provincia la 7722 que protege el agua de la megaminería hidrotóxica se ve amenazada por el proyecto de modificación del senador Alejandro Abraham de Unidad Ciudadana donde se mantiene la prohibición al cianuro, pero se elimina el texto que señala “otras sustancias similares”, permitiendo el uso de xantatos y otrás sustancias y técnicas nocivas para el medio ambiente. 

Activistas y expertos mexicanos, así como de países de Centroamérica y Sudamérica, participarán como miembros del jurado en el Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras, que se desarrollará desde el próximo jueves en la Casa de la Iglesia Oaxaqueña.

Un grupo de comunidades indígenas iniciaron ayer una caminata de diez días desde la puna hasta la capital jujeña. El objetivo es visibilizar ante la sociedad y los funcionarios del gobierno las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas.

Resonancias de la I Cumbre Latinoamericana del Agua para los Pueblos que se realizó del 15 al 17 de septiembre en San Fernando del Valle de Catamarca.

"En estas tierras, en nombre del “Desarrollo Sostenible”, se ha proyectado la construcción de tres presas hidroeléctricas, Pojom I, Pojom II y San Andrés, que serán alimentados por el desvió de las aguas de los ríos Negro, Pojom, Yalwitz, Primavera, Varsovia y Palmira. En respuesta, las comunidades indígenas de la región, sostienen por más de 4 años una resistencia contra este proyecto energético".

La sentencia sienta un precedente importante respecto de la minería en territorios indígenas. El marco jurídico de la minería en México debe ser revisado para garantizar la autonomía de los pueblos indígenas y comunidades equiparables y para no interferir con el control cultural de los recursos naturales tradicionalmente manejados.