Defensa de los derechos de los pueblos y comunidades

Más de 150 personas, representando a nacionales indígenas, organizaciones rurales, defensores de los Derechos Humanos, activistas, afectados y víctimas por la explotación petrolera de la provincia de Pastaza y Orellana, dieron apertura a la 1º parada de la Ruta por la Verdad y Justicia para la Naturaleza y Pueblos de Ecuador.

"La Ruta por la Verdad, es un precedente que busca la justicia socioambiental a través de audiencia públicas de los casos más connotados en el territorio ecuatoriano".

"El presente Informe sobre violaciones a los derechos humanos al agua potable y saneamiento en México es el resultado del esfuerzo que organizaciones de la sociedad civil, comunidades y colectivos han venido realizado desde hace más de diez años, con la intención de documentar las distintas formas en que el Estado mexicano viola dichos derechos a lo largo de todo nuestro país."

"La creación de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), desencadenó la oposición de los pobladores oaxaqueños que en 2017 se reunieron más de 7 mil firmas, un amparo colectivo y la creación de la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño, ante las consecuencias negativas a la vida de las comunidades, bajo la demanda de la defensa de la madre tierra y el territorio".

Las y los invitamos al 3° Encuentro Regional de Pueblos en Defensa del Territorio de la Huasteca y EL Totonacapan a desarrollarse los días 20 y 21 de mayo. Hay tiempo hasta el 15 de mayo para inscribirse.

"El empobrecimiento de la población, el enseñoramiento del crimen organizado y la depredación ambiental, alentada por los intereses empresariales y caciquiles son las paradojas de un gobierno que le apuesta a una mayor militarización. Una estrategia que no está pensada para garantizar la paz de las y los guerrerenses, sino para mantener incólume la estructura del poder caciquil, que sigue medrando a una población que resiste y se organiza, a un pueblo indómito sediento de justicia, de paz y de agua."

A lista de retrocessos segue com as tentativas de enfraquecimento do licenciamento ambiental e da fiscalização sobre a mineração a liberação de agrotóxicos.

En una sentencia inédita, el alto tribunal consideró al río “sujeto de derechos” y especial protección constitucional. Por eso le ordenó al Estado un plan de choque para salvar este afluente de la minería desbordada y el mercurio.