Defensa de los derechos de los pueblos y comunidades

"Malvinas no fue el comienzo ni el final. Fue un brote de amaranto que se implantó desde Ituzaingó Anexo y desde cada pueblo que reclama restringir la expansión del agro-negocio. Y hoy, ese amaranto se sigue dispersando por doquier, generando fuertes dolores de cabeza para los intereses sectoriales. "

“Hacemos un llamado a la comunidad universitaria a hacerse parte de las agrupaciones y conflictos en desarrollo, asumiendo su rol social de forma activa y poniendo las herramientas de la academia al servicio de nuestras comunidades en conflicto”.

Asambleas ambientales de la República Oriental del Uruguay y de Entre Ríos marcharán este sábado al obrador de un pozo petrolero en Paysandú, "en defensa del Acuífero Guaraní".

El Copinh se hizo presente en el III Congreso Internacional de Minería, para decirle de frente y en su cara a todas las empresas mineras que no pueden seguir negociando los territorios de las comunidades indígenas y campesinas.

La semana pasada, cientos de pobladores xinkas se movilizaron hacia la capital guatemalteca, exigiendo el cierre definitivo del proyecto minero El Escobal y el respeto a su identidad como pueblo originario. Se estarían utilizando 1253 m³ de agua al día para extraer minerales, que equivale a lo que una familia campesina promedio consumiría en 96 años.

Campesinos del corregimiento del Carmelo, en el municipio de Cajibio, Cauca, denunciaron que, pese a que se han acogido a los planes de sustitución de cultivos de uso ilícito y firmaron actas comprometiéndose, la Fuerza Pública viene realizando erradicaciones de cultivo forzadas. La última se hizo el pasado 25 de julio en una operación en conjunto entre el Ejército y el ESMAD.

"Al final de las actividades realizadas en el marco del día estatal de rebeldía contra la minería, los presentes refrendaron su compromiso con la vida, y seguir en el camino de la lucha, porque aquí, en los valles centrales le decimos si a la vida y no a la minería".

"Pese a estos y abundantes datos y testimonios científicos presentados por los demandantes y en dos amicus curiae, la SCJN afirmó que no se podía pronunciar sobre los riesgos del glifosato y aunque reconoció otras faltas, en la sentencia de Quintana Roo, agregó un elemento que recoge puntualmente lo que piden las empresas que es que las decisiones se deben basar “en la mejor evidencia científica disponible”.