Defensa de los derechos de los pueblos y comunidades

Aunque a los sectores políticos más conservadores de Chile no les guste y les incomode, el proceso constituyente en curso en el país está siendo observado con mucho interés y entusiasmo por muchas y muchos a nivel internacional, quienes han visto en la nueva propuesta constitucional, un texto que está a la vanguardia en variados temas y que ha abierto importantes discusiones.

En marco de la Declaración de la ONU de derechos de campesinos y otras personas que trabajan en áreas rurales, la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO) y el Instituto Agroecológico Latinoamericano (IALA) María Cano de Colombia, han preparado una serie de audiogramas sobre los artículos que contienen la Declaración. Invitamos a las organizaciones a utilizarlas en sus procesos de formación e incidencia.

Rigoberto García Ochoa es investigador del Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente de El Colegio de la Frontera Norte, ubicado en Sonora, México; y desde hace más de una década se ha especializado en estudiar la pobreza energética. Con su trabajo le aportó otras dimensiones al concepto, que entiende como la falta de satisfacción de necesidades de energía en relación con “satisfactores y bienes económicos que son considerados esenciales, en un lugar y tiempo determinados, de acuerdo a las convenciones sociales y culturales”. Dialogamos con García Ochoa con el objetivo de profundizar en los debates académicos y políticos que arrastra la idea de pobreza energética, y de qué manera las aborda para el estudio de esta realidad en México y América Latina.

Colectivos y organizaciones llamaron a manifestarse a la brevedad para denunciar la guerra contra la vida y la autonomía de los pueblos zapatistas, así como por la seguridad de los defensores de derechos humanos en las comunidades en Chiapas, ante los recientes ataques y desplazamientos forzados en los territorios autónomos.

El Ministerio de Cultura, a través del Viceministerio de Interculturalidad (VMI), reforzará la articulación intersectorial para atender a las comunidades afectadas por la minería ilegal en la cuenca del río Nanay, en la región Loreto.

Mientras la deforestación avanza sobre Santiago del Estero, Angélica Serrano se convirtió en la cara visible de la lucha del pueblo tonokoté Yaku Muchuna, para conservar sus tierras.

Desde hace 28 años las y los vecinos de Marcos Paz luchan contra la instalación clandestina del incinerador de residuos industriales tóxicos y peligrosos, ligadas al pool empresarial Hábitat Ecológico. «A pesar de los cambios de gobierno y las promesas de diferentes funcionarios municipales y provinciales por su cierre, nada cambió. Desde el año 1994 que el pueblo de Marcos Paz viene exigiendo el cierre inmediato y definitivo de este polo de contaminación. Se han juntado decenas de miles de firmas, lo que demuestra el arraigo en la comunidad del reclamo. Sin embargo, no hay respuestas concretas a ninguna solicitud, sólo compromisos de palabra y ninguno en los hechos. Es poco creíble y lamentable que los sucesivos Ejecutivos y Legislativos locales, no puedan hacer nada para prevenir y cuidar la salud de sus vecinos y el ambiente que nos alberga», explicaron las y los vecinos mediante un comunicado.

La Tercera Sala rechazó el recurso de casación presentado por la empresa y confirmó el fallo del Primer Tribunal Ambiental que sancionó al proyecto minero emplazado en la alta cordillera, en la Región de Atacama.