Tierra, territorio y bienes comunes

Decimos NO al DESALOJO de las 330 familias campesinas sin tierras, del Distrito de Yvyrarobaná, Departamento de Canindeyú, quienes ya están asentadas en unas 4.499 hectáreas de tierras de origen público, que fueran adjudicadas de manera ilegal en el año 1969 a una empresa mercantil, entidad no sujeta a la Reforma Agraria.

En las últimas dos décadas, las políticas rurales y los modelos de desarrollo que se han implementado en el país, han profundizado las crisis económica, ambiental y social, que enfrentan día a día las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas. En América Latina, Colombia es uno de los países con mayor inequidad en la posesión y concentración de tierras en pocas manos.

Se rechaza que en lugar de titular territorio de las comunidades, el Estado esté más preocupado por entregar "concesión petrolera, servidumbre petrolera, concesión maderera, certificado de posesión", sostiene el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda.

"Todavía no hay explotación minera en Tundayme y ya hay graves alternaciones ambientales y sociales, la población ya no puede hacer uso del río por las alteraciones en él, parte de la población fue desalojada violentamente".

Campesinos sin tierra del departamento de Sucre si quieren sembrar tienen que alquilar una hectárea que les cuesta 500 mil pesos semestrales, una nueva forma de esclavitud que se vive en la zona de San Marcos.

Las Movilizaciones son por reclamaciones de Tierras ancestrales usurpadas por el estado chileno, donde se exige restitución y que vayan de acuerdo a las necesidades y bienestar colectivo del Pueblo Mapuche. Desde la inmediata necesidad de Modificación del manual de procedimientos del fondo de tierra, para que se declaren admisibles los reclamos de tierras ancestrales y un aumento presupuestario del fondo de tierras; hasta la aplicación de la expropiación, son algunos de los planteamientos que buscan una urgente solución.

Desde el 27 de febrero del 2016, la Comunidad Mapuche Cañicú inició un proceso de recuperación territorial del fundo Los Chenque, quienes afirman que existen irregularidades en la forma de posesión de este terreno ancestral.

"Desde el MNCI denunciamos este atropello a la dignidad humana, ningún conflicto de tierra puede dirimirse desde esta violencia institucionalizada, con consecuencias físicas, morales y sociales irreparables para los más débiles".