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Más de 50 organizaciones de Brasil y del mundo denunciaron la liberación al medio ambiente y el uso comercial de un nuevo eucalipto transgénico sin previa consulta a las comunidades que serían afectadas. Afirman que su liberación es una grave amenaza para la vida, la sociedad y la naturaleza y tiene como único objetivo favorecer los intereses comerciales de la empresa Suzano Papel e Celulose. Por ello, exigen la inmediata revocación de la liberación del uso del eucalipto transgénico, aprobada por la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio), en noviembre de 2021.

El 59% de comunidades locales e indígenas de México resultaron afectadas por el impacto que causa en sus territorios la industria de infraestructura, según la plataforma Derechos Colectivos Vulnerados en Pandemia.

Proyectos que intensifican la extracción de carbón en bosque Hasdeo representan una grave amenaza para el pueblo Adivasi que vive en el territorio junto a otras comunidades.

Unas 470 comunidades fueron desplazadas por la presencia de actividades extractivas, industriales e ilegales en Colombia revela la plataforma Derechos Colectivos Vulnerados en Pandemia.

De las 258 comunidades indígenas en Guatemala impactadas por la presencia de proyectos en sus territorios, 223 son afectadas por la construcción de plantas hidroeléctricas.

Ante la ola de violencia en la Amazonía, urge poner en marcha una hoja de ruta para salvaguardar la vida de los defensores y defensoras indígenas. Así coincidieron representantes de pueblos indígenas durante el conversatorio virtual “Sinergias entre el Banco Mundial y el Acuerdo de Escazú”, realizado el pasado 5 de abril. Los líderes también pidieron al Banco Mundial incluir entre sus políticas los derechos considerados en el Acuerdo de Escazú, el primer tratado internacional que busca proteger a los defensores indígenas.

La actividad minera fue responsable de la vulneración de derechos colectivos en 50 de 110 comunidades que vieron afectados estos derechos durante la pandemia, revela una plataforma.

Durante la pandemia, 798 comunidades ubicadas principalmente en Amazonas, Huánuco y Loreto, fueron amenazadas y afectadas por proyectos extractivos y de infraestructura. En América Latina, Perú es el país que tiene el mayor número de comunidades indígenas y campesinas cuyos derechos colectivos fueron amenazados y afectados durante la pandemia.