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El reconocimiento de los derechos de tenencia de los pueblos indígenas y afrodescendientes en Colombia y Perú es la estrategia más efectiva para proteger la biodiversidad en la Amazonía. Así lo sostiene un estudio presentado por la coalición Rights and Resources Initiative (RRI) que identifica oportunidades hacia la integración de un enfoque de conservación basado en derechos.

Familias campesinas de Coyuca de Benítez, Guerrero, optan por la producción agroecológica de alimentos.

México es el país donde más ambientalistas y defensores de la tierra fueron asesinados en 2021, con un total de 54 personas, la mayoría indígenas, ultimadas, señaló un informe de la organización Global Witness.

El 28 de septiembre 2022, el Distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito aprobó una Ordenanza Municipal en la que se prohíbe los agrotóxicos que afecten a los polinizadores, la flora nativa y la salud humana (Ordenanza Metropolitana No. 041-2022). Esta prohibición fue introducida en una Ordenanza Metropolitana sobre la protección, fomento y preservación del arbolado urbano y biodiversidad asociada en el marco de la red verde urbana.

Las juventudes indígenas de la Amazonía peruana iniciaron con la consolidación de su agenda para proteger la Amazonía de la crisis climática que enfrenta el mundo. A través del documento “Mandato de las Juventudes”, plasmaron una serie de demandas para aportar y lograr la meta global de proteger el 80% de la Amazonía al 2025.

"Marcio Astrini, secretario ejecutivo del Observatorio del Clima y miembro titular del Foro Brasileño de Cambio Climático en entrevista exclusiva para Pravda. Ru, aclara lo que está en juego en el escenario de la geopolítica ambiental en vísperas de las elecciones presidenciales que coinciden con la próxima Conferencia de Cambio Climático de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que tendrá lugar en la ciudad de Sharm el-Sheikh, Egipto, del 6 de noviembre al 18, 2022".

El gobierno de Chaco presentó un decreto para un nuevo mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN). Organizaciones socioambientales cuestionan que se habilitan más desmontes, no respeta la Ley Nacional de Bosques y que no se dio participación a las comunidades indígenas y campesinas que habitan los territorios.

El Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite) manifestó su preocupación por la «amenaza latente» de reactivación de las actividades mineras en Chicomuselo, Chiapas, sin consultar a las comunidades y ejidos potencialmente afectados y ante la «falta de intervención de las tres órdenes de gobierno».