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Organizaciones campesinas e indígenas realizaron una nueva edición de la feria donde intercambiaron producciones y semillas.

El gobierno nacional y tres provincias quieren reconvertir y recuperar miles de hectáreas de los Bajos Submeridionales para su explotación agropecuaria, en el medio de críticas por los riesgos ambientales del proyecto

"La naturaleza tiene derechos. El Estado y la sociedad tienen el deber de protegerlos y respetarlos", señala el texto consensuado por la Convención Constituyente de Chile para la nueva Constitución. Es un salto cualitativo en materia de derechos y sigue los pasos de Ecuador y Bolivia. El 4 de septiembre será la votación para ratificar la nueva Carta Magna.

“En la provincia se aplican 105 millones de litros de agrotóxicos al año, mientras que en todo el país la medida es de 600 millones de litros anuales”, explica Medardo Ávila Vázquez, uno de los fundadores de la Red Universitaria de Ambiente y Salud – Médicos de Pueblos Fumigados y pionero en visibilizar las consecuencias del modelo de producción ligado al uso de agrotóxicos.

Buen intento, lobby del agronegocio y los combustibles fósiles: acapararon titulares condenando la agricultura orgánica como responsable de la crisis económica, social y alimentaria en Sri Lanka. Por supuesto, muchos habrán caído en su ardid sembrado a clickbaits. Pero la realidad y hasta los mismos artículos que se dedican a ensuciar la agroecología los desmienten.

El libre comercio es un enemigo de la soberanía alimentaria. Eso es lo que los movimientos populares, campesinos y ecologistas expresaron enérgicamente en las calles de Ginebra, Suiza, la semana pasada.

La Vía Campesina cumple 30 años de luchas colectivas por la justicia, la paz, la vida y la dignidad. En el marco de esta conmemoración presentamos nuestra galería virtual  “Artistas por la Soberanía Alimentaria”, una exposición que recoge el trabajo militante, solidario y comprometido de 22 artistas de diversos países y organizaciones de todo el mundo, cuyas obras han sido seleccionadas y organizadas tras la respuesta al Llamado Internacional convocado por el movimiento entre agosto y septiembre del 2021.

Los conflictos sociales en el Perú se incrementaron a 207, luego que se registraran seis nuevos casos en relación de mayo a junio, revela un nuevo reporte de la Defensoría del Pueblo.