Noticias

Asentado al pie del cerro en el acceso a la ciudad de Salta, el popular barrio Villa Floresta es quizás uno de los primeros en la instalación de huertas en la Capital. Las familias migrantes, en su mayoría de la Puna y Bolivia, que desde hace 30 años vienen asentándose en ese ámbito, parecen haberle dado ese carácter de barrio huertero. 

“Las personas no aparecen muertas. A las personas se las encuentran asesinadas”. Raúl Ruiz de Colunga, representante del Círculo Diverso de México, habla sobre el asesinato de Karla Valentina Camarena, activista trans asesinada a balazos el domingo en Guanajuato. La violencia no ha disminuido en México a pesar de la pandemia de coronavirus y la última semana fue especialmente trágica para los defensores. 

En enero de 2018, el atentado que hubo en San Lorenzo llamó la atención de todo el país y visibilizó la situación y las necesidades de la población de esa zona, mayoritariamente afrodescendiente e indígena. Las miradas se volvieron a un área con grandes contradicciones: los mayores índices de pobreza, ausencia casi generalizada de servicios básicos, y muy bajos índices de escolaridad; y, por otro lado, la existencia de remanentes del megadiverso Bosque del Chocó, que se encuentra permanentemente acosado por el avance de la minería de oro, la extracción maderera y la expansión del monocultivo de la palma aceitera.

Las primeras causas de muerte en México, y esto es independiente del COVID-19, son diabetes, cáncer y enfermedades cardiovascular y cerebrovascular.

A pandemia do Covid-19 tem dado visibilidade a um número crescente de iniciativas solidárias e de circuitos curtos de produção e consumo de alimentos e estimulado o surgimento de outras.

Los pobladores de las comunidades Minas Viejas, Las Ceibas, Durango, San Francisco de Bogotá, Santa Rita, cantón San Lorenzo, zona norte de la provincia de Esmeraldas, denuncian que sus ríos, únicas fuentes hídricas de las que dependen para actividades sanitarias y alimenticias, están siendo contaminados por las actividades mineras, que se han intensificado durante la declaratoria de emergencia sanitaria. 

Después de más de 20 años de litigio, la Corte Interamericana dio la razón a la Asociación de Comunidades Indígenas Lhaka Honhat en el reclamo que le inició al Estado en 1998 con patrocinio del CELS. Dispuso que el Estado otorgue un título único a la propiedad comunitaria de 400 mil hectáreas de tierras ancestrales. Por primera vez la Corte reconoce la violación por parte de un Estado de los derechos a la identidad cultural, a un medio ambiente sano, a la alimentación y al agua.

Al Gobierno de Guatemala y autoridades competentes la urgente necesidad de garantizar los derechos campesinos, el acceso a la tierra y respeto a las formas de producción ancestrales y agroecológicas, los derechos campesinos no deben ser postergados, pedimos al Gobierno cumplir con la declaración suscrita por Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales.