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Cinco organizaciones campesinas con presencia en decenas de provincias relanzaron el capítulo argentino de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), instancia continental de La Vía Campesina. Articulación para recuperar derechos, agroecología, cuidado de los territorios y soberanía alimentaria son algunos de las banderas en común.

El plan de tomar la Franja en su totalidad continúa pese a las críticas de la cúpula del ejército, de las familias de los rehenes y de organizaciones humanitarias.

Chile acaba de autorizar el cultivo de trigo editado genéticamente. Esta variedad de trigo harinero, tendrá un aporte de fibra entre 5 y 10 veces mayor al convencional.

En San Felipe, capital del Estado Yaracuy, se llevó a cabo el IV Congreso Científico de Innovaciones Agroecológicas, organizado por Fundacite Yaracuy el 15 y 16 de julio de 2025. Este evento, que ya ha sido realizado por cuatro años consecutivos, trató de ir en esta oportunidad un poco más allá del ciclo de ponencias, fueron par de jornadas con la intención de transformar el formato académico tradicional en un espacio de co-creación descolonizadora de la ciencia. Se priorizó el protagonismo de la Alianza Científico-Campesina mediante el intercambio de saberes técnicos y ancestrales.

Dura condena al extractivismo minero, incendios forestales, deforestación, agronegocio, créditos de carbono, introducción de la palma aceitera y legalización de transgénicos, así como a hidroeléctricas, carreteras y exploraciones petroleras en áreas protegidas.

Manifestação marcou o último dia da 4ª Marcha Nacional das Mulheres Indígenas, em Brasília.

La falta de alimentos impera en toda Gaza, mientras el personal médico advierte que los hospitales están a punto del colapso total y tres personas mueren por un síndrome muy poco común. Por otro lado, datos satelitales muestran que solo el 1,5% de las tierras cultivables están intactas y son accesibles, y expertos en derechos humanos urgen a la restauración del sistema humanitario de la ONU.

La reforma busca eliminar el requisito que obliga a las instituciones a construir obras de infraestructura únicamente en tierras a nombre del Estado y que los pueblos indígenas no tengan que ceder las propiedades comunales.