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Bajo el supuesto de la lucha contra la criminalidad organizada se han efectuados cambios en la ley penal y procesal penal que vulneran derechos fundamentales como la libertad personal, integridad personal y libertad de expresión.

Con la consigna “Sigue la fiesta del desmonte”, la organización ambientalista Greenpeace realizó esta mañana la “UrtuFest” para denunciar que el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey apoya el negocio del desmonte. Bailando disfrazados de empresarios y empresarias glamorosas, mostrando dólares, hachas y sierras eléctricas de cartón, protestaron contra el arrasamiento del bosque nativo salteño. 

A pesar de que la juez cuarta de distrito en Yucatán ordenó la suspensión de operaciones de la granja porcícola que afecta los cenotes del pueblo maya de Homún, la empresa Kekén no ha retirado los cerdos del lugar y “lleva un mes en desacato”, denunciaron las organizaciones Ka’anan Ts’onot – Guardianes de los cenotes y el equipo Indignación.

La Asamblea Ampliada en Defensa del Parque Nacional Calilegua pidió el revocamiento de un convenio firmado entre la provincia de Jujuy y Parques Nacionales que traspasa mil hectáreas a la Provincia, estableciendo un peligroso antecedente.

De 1995 a 2015, en México se han detectado 503 personas agredidas por su lucha en la defensa del medio ambiente. La egresada de la licenciatura en ciencias ambientales en la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), unidad Morelia, Lucía Velázquez Hernández, ha realizado un estudio sobre este periodo en la historia de la defensa ambiental, debido a un aumento de casi el doble de agresiones en el lapso de 2014-2015.

El debate desatado a partir del próximo tratamiento del proyecto de Ley que grava la exportación de granos en estado natural, ha vuelto a dejar en evidencia el bajo aporte que realiza el sector agropecuario al fisco paraguayo a pesar de ser uno de los sectores que más fuertes de la economía nacional. Según estimaciones el Sector Agropecuario representa al rededor del 25% del Producto Interno Bruto Paraguayo, sin embargo su aporte a las recaudaciones estatales no pasa del 6% del total de lo recaudado en el país.

El ministro Renato Alvarado se niega a prohibir plaguicidas que pone en peligro las abejas y con esto el 70% de la agricultura. Según oficio dirigido a los magistrados de la Sala Constitucional, el ministro asegura que “no existe evidencia científica que demuestre que los insecticidas neonicotinoides Clotianidina, Tiametoxan e Imidaclorpid son la causa de la afectación a las colmenas de abejas.” 

En una sentencia de segunda instancia, la Corte Provincial de Sucumbíos falló a favor del pueblo indígena reconociendo su derecho a la consulta previa, al agua a la naturaleza y al medio ambiente. Se ordenó la reparación de los impactos ocasionados por la minería y se pidieron las investigaciones pertinentes a la Fiscalía y a la Contraloría. Para la comunidad "esta victoria es un hito para la defensa de los derechos de todos los pueblos indígenas de Ecuador".