Argentina

Fumigar con agrotóxicos violando las distancias de protección de las escuelas rurales establecidas en la ordenanza municipal, es un Delito Penal.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia de Río Negro falló contra la ordenanza que prohibía el uso de la técnica de hidrofractura en el ejido de la ciudad de Fernández Oro. La norma, sancionada en 2017 tras un largo proceso de debate, fue judicializadas por YPF mediante un pedido de inconstitucionalidad. El máximo órgano judicial provincial resolvió que las costas de los abogados de la empresa petrolera sean abonados por el municipio.

Sábado 21/7: Ante la presencia en nuestro país del Fondo Monetario Internacional, nos movilizamos por la anulación del Acuerdo Macri - FMI, el no pago de la Deuda fraudulenta y el fin de las políticas del FMI y el G20 en Argentina y nuestra América.

Desde diferentes sectores presionan para modificar la legislación que permite volver a sembrar sin pagar regalías. Especialistas advierten que quien controle las semillas tendrá el poder sobre el mercado alimenticio. Se iniciaron negociaciones en el Ministerio de Agroindustria.

Se presentó el trabajo interministerial de las carteras de Salud, Ciencia y Tecnología, Ambiente y Agroindustria. En conferencia de prensa, Rubinstein, Barañao, Bergman y Etchevehere dejaron frases antológicas para justificar la aplicación de agrotóxicos a gran escala.

Se autorizó a que Monsanto importe este tipo de soja tolerante a fumigaciones con dicamba, más tóxico que el glifosato. ¿Soja para moler o para sembrar?

“Donde existe bosque es porque hay campesinos organizados. No es mucho lo que queda, pero todavía hay. Teniendo el monte, nosotros tenemos diversidad de producción en pequeña escala: algunos tienen 3 o 4 vacas, 20 colmenas, 40 cabras, 5 o 6 chanchos y así, esa es la forma en que estamos organizados y resistiendo para mantener lo que tenemos.”

Argentina avanza en las discusiones sobe las llamadas “Buenas Prácticas Agrícolas”. El Grupo de Trabajo Interministerial sobre buenas prácticas en materia de aplicaciones fitosanitarias está conformado por los Ministerios de Agroindustria, Ambiente, Salud y Ciencia, Tecnología e Innovación y tiene por objetivo discutir el uso de agrotóxicos en el país, pero, sobre todo, validarlo.