Chile

Para las organizaciones ciudadanas el real objetivo del proyecto de ley impulsado por la «bancada salmonera», que se tramita en el Senado, es ser una ley mordaza de represión a la resistencia socioambiental.

La Ley de Fraccionamiento Pesquero está a punto de votarse en el Congreso y según los autores de esta columna escrita para CIPER carece de dos elementos fundamentales: incorporación de las comunidades indígenas y el respeto por el medio ambiente. Sostienen que “es imperioso que una ley tan relevante como la que pretende distribuir los recursos pesqueros en Chile, sea pensada desde la perspectiva de los derechos humanos. De lo contrario, no estará a la altura de los grandes desafíos que enfrentamos como sociedad y seguirá perpetuando la marginación de las comunidades y el daño ambiental”.

En el corazón de la Península de Huequi, (Chaitén, Región de Los Lagos) donde la cordillera se une con el mar, mujeres de los pueblos Diaguita, Chango, Mapuche-Lafkenche, Mapuche-Williche, Kawésqar y Yagán, se reunieron del 28 al 31 de marzo para dialogar y definir propuestas colectivas que fortalezcan la gobernanza del mar y la defensa de los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO).

Fue publicado el último reporte anual del estado de pesquerías y especies emblemáticas se mantienen en situación crítica.Pescadores y pescadoras artesanales de merluza común y merluza austral llaman al gobierno a implementar programas de recuperación tal como lo estipula la ley.

"Este material busca ser un insumo que contribuya a una discusión verdadera y profunda, que potencie el empoderamiento de las comunidades y organizaciones ante un escenario adverso y asimétrico donde, mientras las empresas estatales y privadas hacen gárgaras de la importancia de acelerar los proyectos de inversión para cuidar el planeta, las comunidades sufren de la devastación territorial y cultural, sin poder dimensionar, en muchos casos, el rol fundamental que poseen en la denuncia de la transición falsa, en la construcción de análisis críticos, y en la emergencia de verdaderas alternativas que nos lleven a una transición energética comunitaria con justicia".

En contacto con RESUMEN, Consuelo Infante C., coautora Informe preliminar «Litio: Cuestión de Dosis, las baterías no tienen tratamiento en Chile» elaborado por la Alianza Basura 0 Chile -con el apoyo de GAIA-, reflexiona sobre los próximos escenarios que enfrentaría Chile ante una desatada política que impulsa la minería del litio en el país, indicando que hay temáticas que no se han abordado debido a, entre otras cosas, la ausencia de voluntad política.

La lucha por la defensa de los territorios y la Naturaleza no puede ser silenciada. Hoy, la empresa minera ACLARA ataca a quienes se han organizado para proteger su comunidad, usando mecanismos judiciales para perseguir y amedrentar a activistas como Camila Arriagada y Arnoldo Cárcamo.

En esta columna, Pablo Madrid, investigador de Fundación Terram cuestiona el proceso de asignación de los Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL), debido a su falta de transparencia, ausencia de participación ciudadana y escasa consideración de variables ambientales. El autor alerta sobre la implementación de mecanismos que privilegian a grandes actores privados y marginan tanto a las comunidades locales como a la ciencia.