México

"Carrizalillo forma parte del cinturón dorado de Guerrero, donde se encuentran asentadas más de una docena de empresas mineras en los municipios de Eduardo Neri, Iguala, Cocula, Tlacotepec, Apaxtla, Cuetzala y Teloloapan. Son tres regiones del estado que se encuentran atrapadas por los grupos del crimen organizado. El control territorial está en manos de la delincuencia organizada al grado que las autoridades municipales están supeditadas a su poder depredador que ha logrado la cooptación de las fuerzas de seguridad pública y del mismo ejército."

Cada día se hace más claro que a la par de la tremenda explotación del trabajo de los mexicanos, certificada por los bajísimos salarios, la nación sufre una desbocada explotación de su entorno natural, que destruye y dilapida su patrimonio ecológico y disloca territorios y regiones enteras. Vivir en México significa habitar un espacio donde sus ciudadanos se encuentran permanentemente amenazados por un doble riesgo, ambiental y social, que es el resultado de la complicidad, de la combinación perversa, entre el poder político y el poder económico.

"Reflexionamos sobre una nueva amenaza: la privatización-patentamiento del patrimonio biocultural que amarran el Protocolo de Nagoya y su proyecto binacional piloto (de Alemania y México) denominado “Gobernanza de la Biodiversidad”, despojo incorporado ahora también al Acuerdo TransPacífico recién firmado en Atlanta, Georgia, como el negocio y verdadero objetivo de la conservación ambiental y la descampesinización."

El 04 de noviembre se concedió el amparo y protección contra la siembra de soya transgénica a las comunidades apicultoras de Yucatán y Campeche, “a fin de garantizarles el derecho humano a la consulta previa, libre e informada, en relación a los permisos otorgados a Monsanto”.

“Empezamos acumulando información a partir de encuentros y congresos, teníamos mucha información de resistencias y testimonios”, explica el fotógrafo y activista poblano David Ortega, quien es el fundador de la iniciativa online Gracias a la vida, que se dedica mediante una cartografía a documentar los conflictos extractivistas y socio ambientales del país.

"Tres años tardaron los indígenas mayas en lograr que la justicia volviera la vista a su caso y en cosa de horas, la segunda sala de la cabeza del Poder Judicial mexicano determinó anular el permiso que se le concedió en el 2012 a la empresa productora de agroquímicos".

"Esta decisión es un logró histórico para el pueblo maya y para la construcción del estado pluricultural de derecho en México".

Los firmantes anuncian que han decidido unirse “en un espacio junto con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) para defendernos ante este monstruo que viene por todo y por todos".