México

El Ejecutivo no puede ocultar que favorece a Monsanto con la aprobación de 15 licencias para la siembra experimental de maíz transgénico; la decisión indigna a la comunidad científica, asentó Elena Álvarez Buylla, de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS)

Organizaciones campesinas del estado irrumpirán en parcelas donde se siembre maíz transgénico y las destruirán para evitar que las especies nativas de la sierra Tarahumara se contaminen con variedades de laboratorio introducidas por empresas trasnacionales que pretenden monopolizar la producción de granos básicos por medio de patentes

Organizaciones sociales, ecologistas y de derechos humanos, así como integrantes de la comunidad artística, hicieron un llamado a la ciudadanía para que exija al presidente Felipe Calderón que cancele la autorización de los dos permisos otorgados para experimentación con maíz transgénico, pues ponen en riesgo la alimentación de los mexicanos y son un tiro de gracia para el campo

La autorización del gobierno para sembrar maíz transgénico en México es un crimen de proporciones históricas. Un puñado de funcionarios que están en su puesto por unos pocos años cargaron contra 10 mil años de trabajo colectivo de millones de campesinos e indígenas que crearon y cuidaron el maíz –uno de los cuatro granos bases de la alimentación mundial–, solamente para favorecer a unas pocas trasnacionales.

El uso de granos transgénicos no ha reducido el hambre en el mundo, ni aumentó el rendimiento de las cosechas, y por el contrario pueden causar daños al ser humano, advirtieron grupos ambientalistas, de derechos humanos y civiles

El diputado del PRD Víctor Quintana afirmó que no permitirá la siembra de maíz transgénico en el estado de Chihuahua, aunque tenga que utilizar su fuera constitucional para impedirlo

" Hasta ahora los efectos de la carretera han sido violentos y no es arriesgado pensar que esa será la tónica durante los ocho años en los que está programada su construcción. Las comunidades que se encuentra cerca del trazado de la carretera o inclusive bifurcadas por ella han sufrido ataques e intimidación de grupos paramilitares, la amenaza de pérdida de sus recursos naturales comunitarios, la migración de sus integrantes, además de divisiones sociales y políticas promovidas por funcionarios gubernamentales."

Ante el déficit legal en materia de derechos indígenas, defensores de esos grupos y académicos subrayaron la necesidad de retomar e incorporar a la Constitución los acuerdos de San Andrés Larráinzar