Acaparamiento de tierras

Indígenas panameños exigen al presidente Juan Carlos Varela elaborar una hoja de ruta para cumplir la sentencia de la Corte interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra el Estado de Panamá por faltar a su derechos territoriales.

Después de más de un mes de asedio, amenazas e incluso detenciones, las familias sujetas a la reforma agraria lograron plantar bandera en territorio invadido.

El pueblo indígena munduruku se ha embarcado en una misión histórica para demarcar su territorio ancestral en el norte de la Amazonia brasileña y prevenir así su destrucción. Los indígenas están protestando contra un conjunto de presas que se tiene previsto construir en el río Tapajós y alguno de sus afluentes, contra los mineros y madereros ilegales que operan en su tierra, así como contra el fracaso del Gobierno en la protección de su selva.

En todo el mundo, Pepsi utiliza grandes cantidades de aceite de palma para fabricar chips y otros snacks. Para este fin se tala la selva. Exigimos a Pepsi que no destruya la selva.

Luego del dictamen de la Cámara criminal santiagueña donde absolvieron a varios de los responsables del asesinato de Cristian Ferreyra, entrevistamos a Deo Carrizo, Integrante del Mocase – Vía Campesina (MNCI) para conocer la posición y perspectivas de lucha del movimiento.

La sentencia dictada esta mañana en la ciudad de Monte Quemado por la Cámara de Juicio Oral en lo Criminal y Correccional de Primera Nominación de Santiago del Estero, constituye una clara muestra del carácter clasista y racista del poder judicial de esa provincia.

En el paraje Nueva Libertad, municipio de Puerto Libertad, provincia de Misiones, en el margen sur del lago de la represa Urugua-í, un grupo de 28 familias campesinas que viven y trabajan en un lote de 30 hectáreas sufre amenazas de un inminente desalojo impulsado por una empresaria desconocida en la zona.

Entre los departamentos de Cruz Eje e Ischilin, se encuentra el campo “La Libertad” de 12500 héctareas, habitado por varias generaciones de alrededor de 50 familias campesinas, fue comprado en remate judicial , a pesar de que la justicia reconoció a los trabajadores del campo como habitantes del lugar. Todo indica que los compradores piensan usar la violencia para policial para desalojar a las familias. El Movimiento Campesino de Córdoba esta en alerta y movilización.