Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

Cerca de 3 mil manifestantes que protestavam contra os gastos excessivos da Copa do Mundo nesta terça-feira (27), em Brasília (DF), foram reprimidos com bombas de gás lacrimogêneo lançadas pela Polícia Militar. O ato, organizado pelo Comitê Popular da Copa e Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), também contou com a participação de grupos indígenas de mais de cem etnias, que estão em vigília na capital federal lutando contra o avanço do agronegócio sobre suas terras.

"La Conamuri, en relación a los hechos de desalojo ejecutados en la jornada de ayer, martes 20 de mayo, uno en el asentamiento campesino 15 de Abril, distrito de Guayaibí –San Pedro– y otro en la comunidad indígena Y'apo de Corpus Christi –Canindeyú–, expresamos nuestro repudio y nos solidarizamos con las personas que atraviesan esta situación."

"Denunciamos el desalojo que se está llevando a cabo sin orden judicial en estos momentos en el asentamiento Jorge Martínez de la localidad de Sidepar 3000, Distrito de Jasy Kañy, Dpto. de Canindeyú, donde la comitiva fiscal, con acompañamiento de 20 patrulleras con policías y 3 colectivos abarrotados de la Fuerza de Operaciones Especiales (FOPE) de la Policía Nacional, está procediendo a la destrucción de las casas, escuela, cultivos agrícolas y las demás mejoras del mencionado asentamiento de aproximadamente 560 hectáreas, ocupado por 50 familias campesinas desde el año 2008."

Desde la Unión de Asambleas Ciudadanas repudiamos la avanzada represiva desde el poder político y económico, expresada en leyes y políticas que tienen como objetivo neutralizar la protesta social y perseguir a los sectores sociales considerados “peligrosos”, de acuerdo a los discursos mediáticos y políticos sobre la “seguridad”, entre los cuales figuramos quienes venimos resistiendo al avance contaminador y depredador de las grandes empresas sobre nuestros territorios.

Se desata una nueva y agresiva campaña de intereses privatizadores de los estratégicos bienes naturales comunes de la Selva Lacandona y de la Reserva de Biosfera Montes Azules, disfrazados de “ambientalistas”, violando derechos indígenas y criminalizando la protesta social.

El jueves 22 de mayo vence el plazo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió al Estado Peruano para informar sobre los “continuos ciclos de amenazas, hostigamientos y actos de violencia” contra las personas que en su legítimo derecho rechazan el megaproyecto minero Conga.

Ante crecientes amenazas y presencia policial, cuatro comunidades agremiadas a la Federación Nacional Campesina (FNC) resisten desde el martes 29 pasado la fumigación de sojales ubicados a solo dos metros de caminos vecinales, fuentes de agua, huertas y viviendas de la gente.

A las 6:00 de la mañana, unos 300 miembros de la Operación Xatruch y la policía Nacional, ejecutaron un desalojo violento en la Cooperativa San Isidro y La Trinidad que pertenece al Movimiento Autentico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA), ubicado en la margen izquierda del Aguán, en el municipio de Trujillo, Colón.