Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

Comunicado a la opinión pública

Desde Censat Agua Viva repudiamos y condenamos de forma enérgica ante la comunidad nacional e internacional el recrudecimiento de la grave situación de violencia y asesinatos en Colombia, que en los últimos meses ha estado dirigida en mayor medida en contra de la niñez y juventud del país. De la misma manera, reafirmamos nuestro repudio y rechazo a la sistemática muerte de líderes y lideresas sociales pertenecientes a las organizaciones de base campesina, indígena, sindical, de movimientos urbanos, de derechos humanos, de comunidades negras y de mujeres. Condición que se agudiza, sin que el gobierno colombiano reconozca la sistematicidad del fenómeno y por tanto no implemente las medidas urgentes para evitarlo.

Los pueblos, colectivos y organizaciones que conformamos la Red en Defensa del Maíz, vemos con profunda preocupación las agresiones perpetradas contra comunidades y pueblos, bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el Estado de Chiapas y otras comunidades originarias de la región. Los ataques han ocurrido los últimos días en plena contingencia del Covid-19, aprovechando con esto la fragilidad que les impone a pueblos y comunidades en todo el país el ocuparse de resguardarse y realizar los cuidados de su vida y salud.

Un nuevo informe especial, elaborado por Lis García y Abel Irala, investigadores de BASE-IS, presenta los asesinatos de dos dirigentes campesinos en el marco de la lucha por la tierra en el Paraguay, ocurridos en los años 2019 y 2020, en los Departamentos de Canindeyú y Amambay, respectivamente. Estos hechos se dan en los dos primeros años de gobierno de Mario Abdo Benítez, quien inició su mandato en agosto de 2018.

En la primera entrega sobre violencia institucional, nos detenemos en la provincia del Chaco. Allí conversamos con referentes que son parte de los pueblos originarios y que se ocupan desde hace años de defender el territorio y la vida. Porque su voz es un eco que hace vibrar la tierra.

Arde Chiapas. Los dueños de los paramilitares les soltaron la rienda y, envalentonados, hacen de las suyas. Atacan con armas de fuego a las comunidades rebeldes, se dan el lujo, como en Santa Martha, de exhibirse con armas y uniformes y desarmar agentes de la policía estatal preventiva.

Nos dirigimos a la honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos teniendo en cuenta que el Estado colombiano es signatario de la Convención Americana de Derechos Humanos y en su condición de Estado Parte acepta la competencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en su jurisdicción interna.

Este martes continuaron los ataques con armas de fuego contra los indígenas desplazados por la violencia y contra comunidades del municipio de Aldama, en los Altos de Chiapas. Los disparos proceden de la comunidad de Santa Martha y otras localidades del municipio de Chenalhó.

David Castillo, era gerente general de la empresa DESA, empleado de la familia Atala Zablah, al momento del crimen de la defensora lenca Berta Cáceres. Castillo es el único acusado formalmente como autor intelectual del femicidio político de la coordinadora del COPINH, aunque la familia Cáceres ha presentado pruebas que señalan también a integrantes de la familia Atala Zablah en la autoría intelectual.