Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

Desde 2017, las comunidades afroecuatorianas de Barranquilla de San Javier, en el Cantón San Lorenzo, de la Provincia de Esmeraldas obtuvieron el reconocimiento de su territorio comunal; sin embargo la empresa palmicultora Energy & Palmas se instaló en el mismo territorio, con procedimientos que las comunidades alegan no fueron transparentes. 

Integrantes de distintos pueblos originarios, partícipes de procesos de recuperación de tierras en la región sur del país, denunciaron que solo en el año 2020 registraron 86 agresiones en su contra.

La Comisión Sexta Zapatista para la Campaña Nacional Por la Verdad y la Justicia, informó que hasta este sábado los doces Caracoles zapatistas y sus respectivas Juntas de Buen Gobierno (JBG), habían recibido las actas de 756 poblados, comunidades, parajes y rancherías, de hablantes de las lenguas de raíz maya zoque, tojolabal, mame, tzeltal, tzotzil, cho´ol sobre la consulta popular.

"Es urgente la prevención integral de la violencia que se registra contra las personas y comunidades indígenas en el estado de Chiapas, especialmente en los municipios de Aldama, Chalchihuitán, Chenalhó, Chilón, Pantelhó".

Las juventudes protagonistas de la revuelta colombiana, en particular las que generaron 25 “puntos de resistencia” en la ciudad de Cali, espacios auto-controlados de libertad y resistencia a la represión, provienen de los sectores populares más afectados por el neoliberalismo.

En el Sur global, la tierra es fundamentalmente una cuestión de poder político. Y aunque la proporción de habitantes urbanos sea mucho mayor que la de rurales, como sucede en la mayor parte de Latinoamérica, la tierra sigue siendo una pieza clave en la creación de élites y a su influencia dentro del Estado.

Las corporaciones y sus socios siempre han demonizado las luchas populares en defensa de la salud y el ambiente. Lo que hoy es una novedad es que empiezan a aparecer voces contra el ambientalismo desde otros sectores que se definen progresistas.

En lo que va de 2021 por lo menos tres defensores del agua han sido asesinados en el país, igual número de casos que en todo el año anterior. Los crímenes han sido dirigidos hacia activistas que luchaban contra el despojo provocado por pozos de agua de empresas trasnacionales, proyectos hidroeléctricos y construcciones que arrebatan el líquido vital a sus comunidades.