Megaproyectos

Tras una década sin nuevos proyectos, el gobierno brasileño autoriza el estudio de grandes centrales y reaviva el debate sobre la generación de energía limpia.

Las últimas décadas del siglo XX y primeras del XXI han visto el renacer político y cultural de los pueblos indígenas de México. En el caso del entonces Distrito Federal los pueblos originarios colocaron en la agenda local demandas como el reconocimiento pleno a sus tierras y territorios, el alto al saqueo y degradación de sus recursos naturales: tierras, bosques y agua; el derecho a definir internamente sus formas de gobierno y representación y el derecho a la toma de decisiones colectivas por vía de la asamblea comunal o comunitaria.

La Asamblea Comunitaria de Puente Madera, en Oaxaca, bloqueó este viernes la carretera Panamericana para pronunciarse contra el Corredor Transístmico, como parte de las acciones en el marco de la gira 28 a la región del Istmo de Tehuantepec por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, «con motivo de supervisar su magno megaproyecto de despojo».

El gobierno de México pretende construir una supercarretera que dice comunicará las ciudades de Tuxtepec y Oaxaca. Las autoridades de las comunidades zapotecas xidza de la Sierra Juárez que pueden resultar afectadas se oponen rotundamente a esta obra y están dispuestas a realizar todas las acciones necesarias para impedirlo.

Sin permisos ambientales, estudios ni programas de reubicación de flora y fauna silvestre, iniciaron los trabajos de desmonte y deforestación en la selva virgen de Playa del Carmen, Quintana Roo, para construir el Tramo 5 del megaproyecto federal del Tren Maya, denunció la organización Moce Yax Cuxtal.

El gobernador Rodolfo Suárez entregó por decreto 12.351 hectáreas a un grupo empresario. Se trata de tierras fiscales que incluyen glaciares, humedales altoandinos, nacientes de ríos y arroyos y vertientes termales. La empresa beneficiada, El Azufre Sociedad Anónima, fue creada hace cuatro años y tiene un capital accionario de solo 100.000 pesos.

El acuerdo presidencial que blinda los proyectos y obras del gobierno federal fomenta la «utilidad privada y despojo público», así como representa «una sentencia de muerte a las comunidades y territorios afectados» por los megaproyectos, aseguraron organizaciones indígenas y campesinas, colectivos y activistas.

El pasado 10 de enero, el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Concejo Indígena de Gobierno (CIG) dieron a conocer que un juez federal del estado de Puebla otorgó una suspensión provisional al acuerdo presidencial emitido el 22 de noviembre 2021, que declara los proyectos del gobierno federal de interés público y seguridad nacional.