Pesca

Cuestionada por su impacto ambiental y sanitario en Chile, donde es una de las principales actividades económicas del país, la cría de salmones prepara su llegada a Argentina de la mano de Noruega, primera potencia mundial en el sector. La noticia ya despertó una fuerte reacción de organizaciones de la sociedad civil.

Comunidad está “esta profundamente preocupada” por el daño medioambiental, sin precedentes, que puede estar generándose tras el escape de miles de salmones, ocurrido en el Centro de cultivo Punta Redonda de Marine Harvest.

"Las especies exóticas invasoras​ ​están categorizadas como la segunda causa de pérdida de biodiversidad en nuestro planeta, debiendo ser tratadas aplicando el principio de precaución promovido por el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) del cual Argentina es Estado Parte. Una referencia útil para la Argentina​ es la experiencia chilena, donde ​​el cultivo de salmónidos ​ha tenido un alto costo socio-ambiental ​en ​los ecosistemas​ de la Patagonia chilena", indicó la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn), integrante del grupo que elaboró el informe.

“Es importante dar una señal desde la justicia por los efectos negativos que las salmoneras están teniendo en la zona. No pueden seguir quedando impunes los escapes de salmones que se han vuelto una práctica habitual, donde las fiscalizaciones o sanciones no tienen ningún efecto real”, sostuvo Jorge Bustos.

Comunidades y organizaciones del pueblo Mapuche y Kawésqar afirmaron que seguirán ejerciendo su derecho consuetudinario al borde costero, y que defenderán la Ley Lafkenche (N°20.249), en todos los ámbitos, -costas, parlamento, gobierno y Naciones Unidas-, con el fin de que este cuerpo legal no se rebaje a instancias similares a la corrupta Ley de Pesca, que entregó en propiedad los recursos marinos a 7 familias empresariales chilenas.

Patronales propondrán al gobierno una serie de cambios a la normativa y buscarán establecer una mesa de trabajo en la cual intentarán que participen comunidades costeras.

"Los piratas de la geoingeniería marina no se rinden. Aunque la fertilización oceánica está bajo moratoria en Naciones Unidas, la compañía Oceaneos se presentó en 2018 en una cena de inversores de la agencia Open Angel, en Vancouver, Canadá, buscando fondos para esos experimentos contaminantes, como si fueran una simple inversión más".

"En la actualidad, las comunidades de pueblos originarios no tienen ninguna injerencia en la toma de decisiones que afectan el mar y las zonas costeras. En este contexto, la ley 20.249 abre una puerta para que las comunidades retomen al menos en parte el control de sus recursos, posicionándoles como actores legítimos en la administración del borde costero".