Pueblos indígenas

Ejidatarios, colectivos e integrantes de la comunidad wixárika en el Altiplano Wirikuta, en San Luis Potosí, denunciaron que fueron excluidos de una asamblea convocada por la Unión de Ejidos de la Región Chichimeca del Altiplano Norte, en la que junto con funcionarios del gobierno estatal y municipal se discutirían las amenazas al territorio y a la población de la región como la explotación indiscriminada de peyote, la pobreza y la falta de agua.

Un total de 625 mujeres indígenas y mestizas de México y de otros países se pronunciaron contra los proyectos extractivos “que representan la parte más agresiva y visible del neoliberalismo”, como el Corredor Industrial Transístmico, el Tren Maya y el Proyecto Integral Morelos (PIM), así como repudiaron “las acciones que el actual gobierno mexicano está haciendo en contra de los migrantes” en el país y la criminalización de activistas y defensores, luego de dos días de trabajo del Segundo Encuentro Nacional de Mujeres del Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG), en la comunidad nahua de San Juan Volador, Veracruz.

Los pueblos indígenas se encuentran en el punto de mira. Los planes de desarrollo de países y empresas topan con los territorios donde habitan estas comunidades, que han llevado algunos de estos casos a los tribunales.

Decenas de indígenas son asesinados cada año en la Amazonia brasileña por invasores que buscan expulsarlos de sus tierras ricas en minerales. El último caso se produjo este fin de semana, cuando unos 50 “garimpeiros” apuñalaron hasta la muerte a un cacique de la etnia wajãpi.

Hace 25 años, un grupo de mineros ilegales brasileños invadieron la comunidad recién contactada de Haximú situada en la densa selva amazónica y le prendieron fuego a dos casas comunales. Armados con machetes y cuchillos persiguieron y asesinaron a 16 indígenas yanomamis, la mayoría de ellos mujeres y niños.

El proceso de consulta para la reforma constitucional sobre los derechos indígenas, organizado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), está en marcha. El Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C – Codigo DH participó en en dos sedes, 13 de julio en Santiago Jamiltepec y Tlalixtac de Cabrera el 19 de julio.

El proyecto revisado de instrumento jurídicamente vinculante para regular a las ETN no se acerca nada al cumplimiento de su mandato. Es un fracaso para la regulación de las empresas transnacionales y la definición de sus obligaciones con respecto a los derechos humanos. ¡La lucha continúa por un tratado que garantice reglas para las corporaciones y derechos para los pueblos!

"Con la crisis del gobierno militar al comienzo de la década de los años 80, se produjo lo que la socióloga Tania Gómez denomina como una avalancha a la Amazonía, de la mano de las empresas multinacionales en el contexto de la globalización. Hidrocarburos y minería aurífera son las dos actividades que más afectan a los pueblos amazónicos, impulsadas por el gobierno autoritario de Alberto Fujimori (1990-2000)".