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Durante su homilía en las fiestas del Divino Salvador del Mundo, el cardenal Gregorio Rosa Chávez lanzó un llamado contundente a la conciencia nacional: “Muchos no nos sentimos libres en El Salvador”, expresó el purpurado, haciendo notar un ambiente marcado por la falta de libertades, arbitrariedades y el debilitamiento de las garantías institucionales.

Autoridades ancestrales del pueblo maya Ch’orti’ de Guatemala y Honduras logran consensuar una articulación y alianza estratégica para una mejor resistencia en la lucha y defensa de sus territorios ante las amenazas extractivistas, persecución y criminalización, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

Conferência “Projeto Popular para o Brasil e a Casa Comum” discutiu a crise ambiental e convocou a militância para o compromisso com a transformação social.

El parlamentario de la denominada “bancada salmonera”, además de promover un proyecto de ley que busca criminalizar y silenciar a organizaciones defensoras del medioambiente, el debilitamiento del Sistema de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAPs) y la eliminación de la Ley Lafkenche, enfrenta una serie de denuncias penales por su presunta participación en hechos de corrupción.

El Gobierno del Presidente Gustavo Petro salda una deuda con el campesinado y las víctimas, con casos históricos de recuperación y entrega de tierras en seis regiones.

A pesar de que el 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, se instituyó como una fecha para reconocer, proteger y promover los derechos de los pueblos originarios, en Guatemala líderes indígenas sufren de persecución por la defensa de derechos colectivos.

La falta de un marco normativo claro para la producción y distribución del hidrógeno verde genera incertidumbre sobre su impacto ambiental y social. Chile apuesta por este “gas limpio”, pero la construcción de puertos, plantas desaladoras y redes de transporte requerirá grandes inversiones y ponen en duda la viabilidad económica.

El despoblamiento rural es una de las consecuencias de la agricultura industrial. Para profundizar ese éxodo, el gobierno de Entre Ríos planea el cierre de 300 escuelas. Desde las organizaciones socioambientales y trabajadores de la educación denuncian el accionar del gobernador Rogelio Frigerio, su complicidad con los empresarios del agro y afirman: "Es un modelo de campo sin gente".