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Francia sigue practicando la cacofonía sobre el acuerdo de libre comercio UE-Mercosur, con un Presidente de la República volátil que ya está dispuesto a firmar el acuerdo UE-Mercosur “de aquí a finales de año”, y un gobierno que se opone sin más.

Un tribunal de amparo ordenó a la municipalidad de Chinautla atender la grave crisis ambiental que afecta a la comunidad maya poqomam. El fallo sienta un precedente para la protección del derecho a un ambiente sano de las comunidades que habitan en la cuenca del río Motagua, cuya contaminación alcanza al Mar Caribe y amenaza al Arrecife Mesoamericano.

Décadas de descontento social han estallado en protestas masivas. Con su estrategia de mano dura, el Gobierno de Panamá no logrará pacificar el país.

«Comer es un acto político», definió Andrea Graciano, nutricionista e integrante de la Cátedra de Soberanía Alimentaria en un panel llamado «Ciencias, alimentación y salud desde los invisibles», en el marco del  VIII Congreso de Salud Socioambiental realizado en Argentina. Con disertantes locales, de México y España se abordó el sistema agroalimentario, los derechos humanos, la microbiota, el cuidado de las semillas y el rol de las corporaciones y Gobiernos.

Representantes de pueblos indígenas amazónicos como los tsimanes, mosetenes y tacanas, se hicieron presentes en la sede de gobierno para presentar ante las oficinas centrales de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) resoluciones para que se restrinja la otorgación de derechos mineros en la Reserva de la Biósfera y TCO (Tierra Comunitaria de Origen) Pilón Lajas, así como en el Territorio Indígena Mosetén.

El presidente Gustavo Petro reiteró que no permitirá que se extienda la minería en la reserva natural del sur de Antioquia, particularmente en Jericó y sus zonas aledañas.

Investigadores de la Fundación Senda Darwin y de la Universidad de Chile alertan sobre las amenazas que presenta el proyecto “Parque Eólico Coloane” en Chiloé, el cual pone en riesgo el equilibrio hídrico del río Huicha, la conservación de un bosque nativo y las investigaciones científicas. 

El 20 de junio de 2007 la lucha del pueblo mendocino consiguió la aprobación de la Ley 7722, que defiende los ríos de la provincia de la megaminería metalífera. Pese al lobby minero, a la connivencia del arco político y a sus intentos de modificarla, la ley sigue tan vigente como la convicción popular de que "el agua de Mendoza no se negocia".