Costa Rica

La pésima gestión de los últimos gobiernos y sus instituciones han promovido una expansión descontrolada que atenta contra la salud de miles de personas.

“Nos preocupa que se ha visto que el glifosato está en el suelo, en el aire, en el agua, en la comida, en la orina humana, en la leche materna…”. Estas fueron las palabras de Diana Mosheim Castro, especialista en biología tropical del Comité de Ambiente y Salud, del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica.

El 25 y 26 de diciembre de 2018, aprovechando los días festivos, nuevamente un grupo de personas NO indígenas, invadieron el Territorio Indígena Bribri de Salitre, en los sectores de Río Azul y Fila de Palmital, despojando con violencia armada (de fuego y machetes) a las familias bribris dueñas de esas tierras.

La investigadora nicaragüense Teresa Rodríguez, de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en León, explicó las diferentes afectaciones a la salud que causa el herbicida glifosato, usado de forma masiva en las plantaciones de caña de azúcar y arroz de la región mesoamericana.

Personas vecinas de la comunidad de Pital, de San Carlos, y ecologistas solicitaron al Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) investigar la participación de un funcionario del Centro de Investigaciones sobre Contaminación Ambiental (CICA) -UCR en un foro, donde dio a entender que tomar agua con el herbicida bromacil no era perjudicial para la salud.

La Costa Rica de 24 años atrás fue testigo de uno de los mayores fracasos que como sociedad hemos tenido: el asesinato de seres que propusieron frenar la destrucción. El odio con que accionaron este oscuro crimen fue potente pero no alcanzaron a cegar la su germen. En la actualidad conservamos legados importantes de una energía vital y luminosa de un proyecto político que propuso ampliar el horizonte.

Con el 40 aniversario de la Oficina Nacional de Semillas el Ministerio de Agricultura y Ganadería impulsa en la Asamblea Legislativa una nueva Ley de Semillas bajo el expediente 21.087, de aprobarse, daría más protección a la Propiedad Intelectual sobre variedades comerciales de semillas al mismo tiempo que limita el comercio de semillas criollas o nativas para campesinos e indígenas.

El ministro Renato Alvarado se niega a prohibir plaguicidas que pone en peligro las abejas y con esto el 70% de la agricultura. Según oficio dirigido a los magistrados de la Sala Constitucional, el ministro asegura que “no existe evidencia científica que demuestre que los insecticidas neonicotinoides Clotianidina, Tiametoxan e Imidaclorpid son la causa de la afectación a las colmenas de abejas.”