Costa Rica

Autorizar transgénicos viola los derechos de las personas.Costa Rica da un gran paso adelante contra los transgénicos, que muchos esperan será un ejemplo para otros países. La Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, con su voto de fecha 10 de septiembre de 2014 ha decidido que la manera en que se les concede permiso para autorizar los transgénicos es Inconstitucional y viola los derechos de los ciudadanos costarricenses.

"Estas selvas no tienen precio". El pasado viernes 29 de agosto alrededor de 300 indígenas bribri se reunieron para fortalecer la resistencia en contra del proyecto Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques conocido como REDD+.

"Dice la gente: por qué pagan por algo que hemos hecho por siglos, de dónde sale el dinero, qué están comprando. Lo que los lleva a una contundente conclusión: un certificado que afirma que en este territorio se cuida el bosque. Pero ese certificado se compra y se vende, e incluso puede subir o bajar de precio, y lo más grave: tener tal certificado le permite a alguien seguir contaminando en otro lugar."

El pasado viernes 29 de agosto alrededor de 300 indígenas bribri se reunieron para fortalecer la resistencia en contra del proyecto Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques conocido como REDD+. Pobladoras y pobladores manifestaron a lo unísono “ya basta, no queremos REDD+ en nuestro territorio” ante representantes del Ministerio de Ambiente Energía y Mares (MINAE).

La Sala Constitucional ha determinado que la manera en la que se otorgan los permisos para liberar transgénicos en Costa Rica es inconstitucional, pues viola los derechos de todas las personas.

La biología sintética "es una tecnología que suma todos los problemas de los transgénicos, pero va mucho más allá en el quiebre de los equilibrios evolutivos naturales y en sus impactos sociales, económicos y ambientales." Del tema nos hablan Eva Carazo, ambientalista y Silvia Ribeiro, investigadora y quien actualmente reside en México.

Mientras las grandes transnacionales de la alimentos suben los precios a sus anchas, campesinos e indígenas costarricenses se les prohíbe comercializar carne a causa de una legislación desprendida del Tratado de Libre Comercio con Republica Dominicana Estados Unidos y Centro América (CAFTA por sus siglas en ingles) que impone requerimientos pretendidamente sanitarios pero que en realidad ha tenido un impacto negativo en el campo costarricense aún no cuantificado.

Una inquietud inusual rodea el informe de los primeros cien días después de décadas de gobiernos de turno que poco o ningún cambio era de esperar, sin embargo para la administración Solís la expectativa de cambio de su gestión puede ser inversamente proporcional a la erosión y descapitalización política que puede sufrir el nuevo gobierno.