México

Organizaciones denunciaron en la CIDH que la siembra de soya transgénica en Campeche y Yucatán afecta la vida, salud y medio ambiente sano de comunidades mayas; buscan que el Estado Mexicano suspenda de manera efectiva este cultivo.

"El modelo extractivo pretende mercantilizar cada una de las esferas que en él habitan, tanto naturales (agua, aire, suelo, subsuelo, montañas) como humanas y culturales".

“Constituyen violaciones al procedimiento de consulta y por ende un incumplimiento de la sentencia”, afirman.

Con el objetivo de garantizar los intereses de las grandes empresas trasnacionales, que pretenden controlar el sistema agroalimentario mundial en contra de la seguridad y la soberanía alimentarias de la Nación, el Estado ha impuesto a la sociedad mexicana un complejo entramado normativo e institucional que promueve y facilita la producción, circulación y consumo de organismos genéticamente modificados.

El Estado mexicano ha celebrado procesos de consulta altamente cuestionados. Los elementos comunes en todos los casos incluyen la manipulación de los procesos y la violación de sus principios y reglas elementales. Los casos más conocidos son el de las Barrancas del Cobre en Chihuahua, el de la Tribu Yaqui en Sonora, el del Municipio de Cherán en Michoacán y el de la Soya Transgénica en la Península de Yucatán.

En Hopelchén, Campeche se lleva a cabo desde hace tres meses el proceso de consulta sobre la siembra de soya transgénica, un permiso que fue otorgado a la empresa Monsanto en el año 2012 para siembra de la llamada “Soya Solución Faena” resistente al herbicida glifosato, el polígono que abarca este permiso incluye a 9 municipios del estado de Campeche, además de otros en el estado de Yucatán, Quintana Roo y Chiapas en el sureste mexicano.

"Las comunidades de la sierra norte de Puebla aseguraron que no permitirán que el gasoducto Tuxpan-Tula atraviese sus tierras, ante la violación al derecho de los pueblos de ser informados y consultados previamente".

Organizaciones de la Sierra Norte de Puebla rechazaron las consultas públicas organizadas por el gobierno o las empresas respecto a los proyectos mineros e hidroeléctricos en esa región, y aseguraron que tras una reflexión en sus comunidades llegaron a la “conclusión contundente” de que no los quieren y no necesitan ser preguntados para que los convenzan de lo contrario.