Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

El abogado Fernando Cabaleiro, de la ONG Naturaleza de Derechos, pidió al organismo internacional que dicte medidas cautelares para proteger a testigos de la desaparición del joven tatuador y a los integrantes de la comunidad mapuche.

"La violencia que acompaña a las luchas de los pueblos en favor de la soberanía alimentaria se ha convertido en algo tremendamente frecuente en todo el mundo. Esta adopta la forma de amenazas, intimidación, fuerza física y abuso de poder por parte de las agencies del Estado, las élites y los actores no estatales. Desde Camboya a Brasil, las comunidades rurales que defienden sus tierras, agua, bosques, recursos, modos de vida y sus derechos están cada vez más en peligro de sufrir violencia por parte de extractivistas y políticas/proyectos destructivos."

La desaparición del joven Santiago Maldonado, que participaba en una protesta del pueblo mapuche en Chubut, y fue visto por última vez el 1 de agosto cuando fue detenido por la Gendarmería en medio de violenta represión, ha conmocionado a toda la Argentina y mucho más allá. Al igual que pasa con los 43 estudiantes de la Escuela Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, México, su desaparición forzada hace aparecer realidades que se pretendía ocultar.

"Llamamos a todos los sectores en pugna con el Estado a sumarse a esta denuncia, lucha y protesta por la consecutiva persecución y criminalización de los hermanos y hermanas mapuche, a apoyar a los familiares de los presos en huelga de hambre y que actualmente se encuentran en las Afueras de la Cárcel de Temuco".

Fundos de Pensão Internacionais e o Estado Brasileiro são denunciados internacionalmente por violações de direitos humanos na região do MATOPIBA, considerada a última fronteira agrícola do Brasil.

Diversos hechos de violencia están ocurriendo por estos días en puelmapu (centro sur de argentina) que involucran actos represivos, detenciones y montajes contra comunidades mapuche.

El viernes 1 de septiembre, seis agricultores fueron asesinados en el Caserío Alto Rayal, del centro poblado Bello Paraíso, distrito de Nueva Requena, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali.

Los proyectos hidrocarburíferos, junto con el acaparamiento de tierras, son algunas de las fuentes del agravamiento del conflicto indígena.