Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

El domingo 24 de octubre, tras dos días de brutal represión por parte de Policía Nacional Civil (PNC) y el ejército contra la población Q’eqchi’ que se opone de manera pacífica a la operación ilegal de la empresa suiza rusa minera Solway, el Estado guatemalteco decretó de Estado de sitio en el municipio de El Estor, departamento de Izabal. El mismo domingo, la policía allanó las instalaciones de la Defensoría Q’eqchi’ y de la radio comunitaria Xyaab’ Tzuultaq’a, imponiendo la censura y vulnerando el derecho a la información de los medios no oficialistas.

Con la consigna “Por la tierra, por el territorio y por nuestros derechos”, se realizó el segundo Encuentro Nacional de Mujeres de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT) de Argentina. LatFem y Marcha estuvimos ahí y conversamos con Nélida Almeida, promotora de género de la organización en Misiones, sobre la resistencia campesina y las redes de cuidado feministas en los territorios.

"El evento celebrado el jueves 21 de octubre en Tocoa, Colón, contó con la participación de defensoras y defensores de los bienes comunes provenientes de Honduras, Guatemala y El Salvador, quienes analizaron la realidad que vive la ciudadanía de los países que integran el CA-4 y el impacto de la continuidad del modelo económico extractivo en un ambiente donde cada día se sienten más los efectos del cambio climático".

En Costa Rica estamos viviendo una conflictividad que va en aumento, debido a disputas territoriales y por recursos estratégicos. Según datos del Estado de la Nación, 2014 fue el año con mayor número de acciones colectivas en temática ambiental desde 1994 -año en que se empezó a llevar registro-. Durante 2014 se dieron 57 acciones; mientras en 2015 se llevaron a cabo 50, lo cual aún representa un número alto. En 2016 la cifra de acciones  colectivas por conflictos ambientales volvió a aumentar -a 51-.

A casi cuatro meses del fallo condenatorio contra el exmilitar Roberto David Castillo Mejía como coautor del delito de asesinato en contra de la defensora hondureña, Berta Isabel Cáceres Flores, integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) exigieron frente a la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa, Honduras, que se emita de manera inmediata la sentencia en el caso y así se dé acceso a la justicia a la familia de la víctima. 

No Mato Grosso do Sul, levantamento expõe a relação íntima entre riqueza rural e violência. No Estado em que 97% das terras estão cobertas por latifúndios, são assassinadas quatro em cada dez lideranças indígenas mortas no Brasil.

En una extensa sesión y tras más de cinco horas de discusión el Senado aprobó por 29 votos a favor y 13 en contra la Ley que criminaliza la lucha por la Tierra. Con esta Ley los representantes del sector terrateniente en el congreso pretenden perpetuar la injusta distribución de tierras existente en Paraguay, donde el 85% de las tierras está en manos de el 2,5% de los propietarios.

Os conflitos no campo têm se tornado causa de violência e morte no Brasil, especialmente na região amazônica, foco principal desses conflitos. Já se tornou costume que a Comissão Pastoral da Terra (CPT), elabore o Caderno de Conflitos, que nesta segunda-feira, 20 de setembro, foi lançado no Seminário São José de Manaus, focando na realidade da Amazônia, que concentrou o 62,4% dos conflitos por terra em 2020.