Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

La oleada de desalojos forzosos que vienen siendo ejecutados en las últimas semanas y que afectan a comunidades campesinas e indígenas ha generado una gran preocupación en el sector campesino,ante esta situación las organizaciones del campo articulan fuerzas para defender el territorio.

Simultáneamente, en Chile y Argentina, se viven momentos de tensión y conflictividad a causa de las acciones represivas anti mapuche que vienen gestando sectores del poder político y económico, hechos que ocurren en el marco de diversos procesos de recuperaciones de tierras de comunidades y de activas protestas en ambos lados de la cordillera contra industrias extractivistas: Petroleras-fracking, minería, forestales, energía, agroindustria terrateniente e industria inmobiliaria.

En la última semana al menos 300 familias campesinas fueron víctimas de desalojos forzosos, comunidades con varios años de existencia sufren la violencia estatal que busca liberar los territorios para el avance del modelo sojero. Los casos de las comunidades Edilson Mercado, de Canindeyú, y Cristo Rey, de San Pedro, muestran un patrón de actuación por parte de las instituciones estatales que no respetan las normativas vigentes a nivel nacional e internacional y que se presume buscan dejar vía libre para el avance de la sojización.

Tras el estado de sitio declarado en el municipio de El Estor, en Izabal, y la represión destatada contra la comunidad Maya-Q’eqchi’, la Red TICCA de Guatemala rechazó las vulneraciones a los derechos humanos hacia este pueblo.

El presidente del Comité se muestra “frustrado, exasperado e incrédulo ante la falta de responsabilidad de WWF” por violaciones de derechos humanos. El experto independiente subraya los “continuados impactos del colonialismo en la conservación de la naturaleza”. Acusa a WWF de “escandaloso engaño” y advierte que “WWF no cambiará su conducta a menos que se le fuerce a hacerlo”.

Al calor del sol abrazador del área sur del municipio de El Estor, Izabal, varios hombres maya Q’eqchi’ de voz firme, con botas de hule y rostros cubiertos, apelaban a la Constitución Política de la República de Guatemala para frenar a las fuerzas de seguridad del Estado que una vez más pretendían desalojarlos de sus hogares. El aparato estatal, nuevamente puso la mirada sobre la comunidad y giró la orden para que Palestina Chinebal desaparezca.

Este último 16 de octubre La Via Campesina (LVC) y sus 200 millones de campesinxs, pequeñxs y medianxs agricultorxs, trabajadorxs sin tierra, mujeres y juventudes rurales, pueblos originarios, trabajadorxs migrantes y agrícolas organizadxs de todo el mundo celebraron 25 años de lucha por la soberanía alimentaria. De Norte a Sur y de Este a Oeste, conmemoramos este aniversario con campesinxs y trabajadorxs rurales junto con amigxs, aliadxs e incontables coaliciones también dedicadas a la transformación profunda de los sistemas alimentarios y a garantizar de manera efectiva los derechos de campesinxs en todo el mundo. Apenas días después, el 19 de octubre, el Ministro de Defensa israelí Benny Gantz designó como terroristas a seis de las principales organizaciones de la sociedad civil de Palestina. 

El asalariado de la derecha Jorge Lanata, el domingo en su programa PPT anunciaba “indios al ataque” y los presentaba como “los nuevos terroristas que incendian y ponen en jaque a poblaciones enteras”. Es más, decía que reclaman la mitad de la Argentina con la complicidad de un gobierno que no se inmuta. Por supuesto, en ese informe no se presentaron pruebas de ningún tipo, ni documentales, ni testimoniales, respecto del incendio del club Piltriquitrón de El Bolsón.