Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

"Es urgente la prevención integral de la violencia que se registra contra las personas y comunidades indígenas en el estado de Chiapas, especialmente en los municipios de Aldama, Chalchihuitán, Chenalhó, Chilón, Pantelhó".

Las juventudes protagonistas de la revuelta colombiana, en particular las que generaron 25 “puntos de resistencia” en la ciudad de Cali, espacios auto-controlados de libertad y resistencia a la represión, provienen de los sectores populares más afectados por el neoliberalismo.

En el Sur global, la tierra es fundamentalmente una cuestión de poder político. Y aunque la proporción de habitantes urbanos sea mucho mayor que la de rurales, como sucede en la mayor parte de Latinoamérica, la tierra sigue siendo una pieza clave en la creación de élites y a su influencia dentro del Estado.

Las corporaciones y sus socios siempre han demonizado las luchas populares en defensa de la salud y el ambiente. Lo que hoy es una novedad es que empiezan a aparecer voces contra el ambientalismo desde otros sectores que se definen progresistas.

En lo que va de 2021 por lo menos tres defensores del agua han sido asesinados en el país, igual número de casos que en todo el año anterior. Los crímenes han sido dirigidos hacia activistas que luchaban contra el despojo provocado por pozos de agua de empresas trasnacionales, proyectos hidroeléctricos y construcciones que arrebatan el líquido vital a sus comunidades.

La Sala I del Tribunal Sentencia Nacional de Honduras dio lectura del fallo en la causa instruida para David Castillo Mejía, a quien se le encontró culpable del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres.

"Como sabemos que los Estados y las corporaciones no sólo no harán caso sino que se burlan, enseñoreados de su desvío de poder, tenemos que recurrir a instancias como el Tribunal Permanente de los Pueblos, buscando acuerpar responsabilidad y cuidado, —y hacerlo visible, actuante, propositivo y reivindicante de la vida de lo humano y la naturaleza, de la que somos parte".

Los defensores indígenas y de la Tierra en Ecuador sufren violaciones sistemáticas a sus derechos humanos por parte de las fuerzas armadas, la policía nacional y funcionarios del estado de Ecuador. Así lo documenta un nuevo informe que examina 22 casos que involucran a 449 defensores individuales elaborado por la Alianza de Derechos Humanos en Ecuador, en la que participan dieciocho organizaciones.