Nos preocupa el sometimiento irresponsable de los actuales gobiernos de Ecuador, Colombia y Perú a este instrumento cuyos verdaderos alcances ponen en riesgo nuestra existencia misma como estados y pueblos soberanos, bloquean procesos de auténtica integración, y anulan las posibilidades de desarrollo, al llevar al extremo un modelo de depredación económica, social, cultural y ambiental