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Bertha Zúñiga, Leticia Paranhos, Miriam Miranda y Soniamara Maranho hablan sobre cómo enfrentar a las empresas transnacionales en los territorios y en la región.

Está comprobado que el extractivismo genera grandes impactos medioambientales, fenómeno que en América Latina durante los últimos años ha sido ampliamente analizado por distintos movimientos socioambientales e intelectuales Latinoamericanos, así como denunciado por diversas comunidades que han dado cuenta de los impactos negativos a nivel social, cultural, económicos y ambientales, tal como señala el Informe “Utilidad Privada, Despojo Público”. En el presente análisis ahondaremos específicamente en el caso del proyecto minero Vizcachitas, ubicado en el Valle de Putaendo, comuna del mismo nombre, Región de Valparaíso, y que pretende extraer cobre y molibdeno, y cuya implementación está justificada en la concepción constitucional de utilidad pública de este tipo de extracciones.

Hoy es muy difícil diferenciar entre una semilla convencional y una transgénica, ya que existe una amplia dispersión de la semilla transgénica en el campo. La venta en los mercados agropecuarios se realiza sin la existencia de una trazabilidad para identificar si son transgénicas o no. Sin embargo, las comunidades que resisten al modelo del agronegocio mantienen la tradición de resguardar sus semillas.

Las compañías que controlan las cadenas avícolas y porcícolas en conjunto con quienes importan pesticidas son quienes ganan; mientras, las familias campesinas deben integrarse con la modernización capitalista, sacrifican la biodiversidad y fertilidad de sus tierras, sus semillas tradicionales o campesinas y la autonomía y el recurso financiero. Esto precipita una forma insidiosa de enajenar la vida campesina, privando a quienes producen maíz de sus conocimientos, sabiduría y prácticas agrícolas tradicionales.

El uso de transgénicos se ha ido extendiendo progresivamente en el sistema agroalimentario mundial. Detrás de ellos están las grandes corporaciones y sus intereses por lucrar con un insumo tan esencial para la vida como lo son los alimentos.

Los modelos de producción alimentaria están íntimamente ligados a los hábitos alimentarios de su pueblo determinando la salud y expectativa de vida.

Segundo dados registrados pelo Centro de Documentação da CPT, e sistematizados pela Articulação Agro é Fogo, os incêndios e os conflitos por terra no país se concentram na Amazônia e no Cerrado, onde o agronegócio invade sem pedir licença.

En un momento en que los medios hacen correr la alarma acerca de la carestía de precios y la escasez provocada por la guerra en Europa, aunque no siempre haya una correlación exacta, volvemos a cuestionar las informaciones que sitúan a las grandes corporaciones como proveedoras de la mayor parte de nuestros alimentos. Anclado a esta imagen fabricada, el sistema agroalimentario industrial impulsa un renovado asalto a la agricultura con la digitalización de sus procesos.

En la ciudad de Fiambalá, al norte de la Argentina, se instaló el megaproyecto de extracción de litio conocido como “Tres Quebradas” en el año 2017. Desde entonces, una asamblea encabezada por mujeres denuncia los cambios en el paisaje y la falta de agua que afecta a las principales actividades económicas de la localidad. De esa manera, esta comunidad que defiende la vida tensiona, a su vez, el discurso de la transición energética en clave de derechos.

Las organizaciones de la Alianza por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos de América Latina y El Caribe, en su reunión ampliada realizada en Buenos Aires entre los días 4 y 6 de septiembre de 2022, realizó un análisis del actual contexto y de los desafíos por los que pasa nuestra región.

La Confederación Sindical de trabajadores y trabajadoras de las Américas (CSA), Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) y REDES-Amigos de la Tierra Uruguay tienen el agrado de presentar los Resúmenes Ejecutivos de las investigaciones sobre Transición Justa y Democratización de la Energía en el marco del proyecto “Democratización de la Energía y Transición Justa en América Latina y el Caribe” realizadas en Brasil, Chile y Honduras. Estas publicaciones así como el proyecto fue posible gracias al apoyo de Sage Fund “Strengthening Accountability in the Global Economy”.

En las últimas décadas el campo colombiano se ha sumergido en una profunda crisis, pero los gobiernos han considerado que sólo es posible salir del atraso modernizándolo con más producción industrial bajo estándares de productividad, eficiencia y competitividad. Se insiste en que la producción campesina es ineficiente y no cumple con los requerimientos de calidad y sanidad del mercado global y se desconoce que la agricultura campesina es más sostenible, eficiente y resiliente a las crisis climáticas y que actualmente suministra cerca del 70% de nuestra alimentación básica.